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2 Impuestos Estatales

2.11 Obligaciones de información sobre bienes y derechos en el extranjero

La normativa regula una obligación de información de bienes y derechos en el extranjero, que afecta a personas físicas y jurídicas (incluyendo entidades en régimen de atribución de rentas) residentes en España y a no residentes con establecimiento permanente.

Esta obligación alcanza a cuentas, valores (incluyendo seguros y rentas vitalicias y temporales) e inmuebles o derechos sobre estos, con determinadas excepciones cuantitativas y cualitativas.

Aunque se trata de una obligación puramente formal, a realizar cada año en relación con la información correspondiente al año anterior (siendo la primera declaración a presentar la que correspondía a los ejercicios que finalizasen partir de 29 de octubre de 2012), la falta de cumplimiento de esta obligación o su cumplimiento incorrecto o fuera de plazo está sometido a un gravoso régimen sancionador en el que las sanciones se calculan por cada dato o conjunto de datos no declarado o declarado erróneamente o fuera de plazo.

Además, en caso de incumplimiento en plazo de esta obligación, las rentas descubiertas se considerarán renta no declarada o ganancia de patrimonio no justificada, imputables al último período más antiguo de los no prescritos, aunque se pueda probar que las rentas se generaron antes, salvo que se pruebe que fueron declaradas o que fueron generadas cuando el contribuyente no era residente en España. En caso de que se impute esta renta no declarada o esta ganancia de patrimonio, se puede imponer una sanción del 150% de la deuda tributaria derivada de esa imputación.

Estas consecuencias (imputación de rentas no declaradas o ganancias de patrimonio no justificadas, sanciones fijas y sanción del 150%) han sido objeto de escrutinio por la Comisión Europea, que ha iniciado un procedimiento de infracción contra España (2014/4330 C (2017) 1064) de conformidad con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE. En su dictamen motivado la Comisión Europea concluye que la normativa española infringe la libre circulación de personas y trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales.

El plazo general de declaración abarca desde el 1 de enero al 31 de marzo del año siguiente al ejercicio cuya declaración se presenta.