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8. Ayudas e incentivos de la Unión Europea

8.1 Next Generation UE

En el contexto de la crisis sanitaria global provocada por la pandemia de la COVID-19 y para dar respuesta a los graves impactos a nivel social y económico generados por la misma, tuvo lugar, durante los días 17 a 21 de julio de 2020, una reunión extraordinaria del Consejo Europeo de la que resultó un acuerdo para la aprobación de una batería de medidas extraordinarias dirigidas a promover la recuperación de la economía de la Unión Europea y de sus Estados miembros en este difícil escenario.

Así, y junto al reforzamiento del presupuesto plurianual de la Unión correspondiente al periodo 2021-2027, dotado con 1,074 billones de euros, se aprobó la creación del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation EU (NextGen), mediante el que movilizar hasta 750.000 millones de euros durante el período 2021 a 2023, de los que 390.000 millones de euros se articularán como transferencias financieras no reembolsables a favor de los Estados miembros, es decir, a modo de subvenciones a fondo perdido, y 360.000 millones de euros se destinarán a préstamos. En definitiva, un total de 1,8 billones de euros en ayudas para la recuperación de la economía europea y que suponen el mayor paquete de estímulo financiado a cargo de fondos europeos.

Según las primeras estimaciones, de los citados 750.000 millones de euros a disposición de los Estados miembros, España, uno de los principales receptores, podría recibir ayudas por importe de, en torno, 140.000 millones de euros (entre transferencias no reembolsables y créditos). La movilización de un volumen tan importante de recursos abre una oportunidad extraordinaria para España, comparable con el proceso de transformación económica experimentado por nuestro país a raíz de su incorporación a la Unión.

Para financiar la recuperación, la UE acudirá al mercado internacional de deuda al amparo de la nueva posibilidad prevista en la Decisión nº 2020/2053, de 14 de diciembre, del Consejo, mediante la que se aprueba el nuevo sistema de recursos propios de la Unión Europea (“Decisión sobre recursos propios”), que fue igualmente fruto de las negociaciones llevadas a cabo en el Consejo Europeo extraordinario de julio de 2020. No obstante, para que la Comisión pueda empezar a emitir obligaciones es imprescindible que todos los Estados miembros hayan ratificado la Decisión sobre recursos propios de acuerdo con los procedimientos constitucionales respectivos. En el caso de España, el Gobierno ya ha obtenido de las Cortes Generales la autorización correspondiente, por lo que se espera que complete la ratificación en breve.

La articulación jurídica del Instrumento Europeo de Recuperación descansa en el Reglamento (UE) nº 2020/2094, de 14 de diciembre, del Consejo, siendo su objetivo impulsar la transformación y modernización de las economías de los Estados miembros, principalmente desde las perspectivas de la transición ecológica y la digitalización, contribuyendo, asimismo, a la recuperación y mejora de la resiliencia de la Unión Europea, en su conjunto, ante futuras crisis.

Las medidas a cuya financiación se enfoca este Instrumento de recuperación están orientadas, esencialmente, a (i) restablecer el empleo y la creación de puestos de trabajo; (ii) revitalizar el potencial de crecimiento sostenible y reforzar la cohesión entre los Estados miembros; (iii) ayudar a las empresas más duramente afectadas por los impactos económicos de la actual crisis sanitaria y, especialmente, a las PYMEs; (iv) fortalecer la investigación y la innovación como mecanismos de respuesta a situaciones de crisis; (v) aumentar el nivel de preparación de la Unión para hacer frente a situaciones de emergencia grave; (vi) garantizar una transición justa hacia una economía climáticamente neutra; e (vii) incrementar la capacidad de reacción en este contexto también desde el ámbito agrícola y de desarrollo rural.

8.1.1 Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia

Estructuralmente, NextGen está integrado por 7 programas distintos, entre los que se distribuye el importe total del presupuesto del que está dotado dicho Instrumento, en la forma siguiente:

  • Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 672.500 millones de euros.
  • REACT-EU: 47.500 millones de euros.
  • Horizonte Europa: 5.000 millones de euros.
  • Invest EU: 5.600 millones de euros.
  • Desarrollo rural: 7.500 millones de euros.
  • Fondo de Transición Justa: 10.000 millones de euros.
  • RescEU: 1.900 millones de euros.

Dada su magnitud cuantitativa, resulta especialmente destacable el denominado “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia” (MRR), dirigido a proporcionar ayudas financieras que permitan a los Estados miembros acometer reformas y las inversiones necesarias para la transformación a medio y largo plazo de sus economías, de acuerdo lo previsto en los respectivos Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia. Dichos Planes, que podrán incluir medidas iniciadas por los Estados a partir del 1 de febrero de 2020, deberán ser coherentes con los Programas nacionales de reformas, con las prioridades fijadas para cada país en el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas (“Semestre Europeo”) así como estar alienados con los objetivos fijados en el Acuerdo de Paris, los Planes Nacionales de Energía y Clima, los Planes de Transición justa, los Planes de aplicación de la Garantía Juvenil, los Programas operativos adoptados en el marco de los fondos de la Unión, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, etc.

El MRR se regula en el Reglamento (UE) nº 2021/240, de 12 de febrero, del Parlamento y de Consejo, y su ámbito de aplicación se estructura en torno a los siguientes 6 pilares:

  1. Transición ecológica.
  2. Transformación digital.
  3. Crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que incluya la cohesión económica, el empleo, la productividad, la competitividad, el I+D+i, y un mercado interior que funcione correctamente con PYMEs sólidas.
  4. Cohesión social y territorial.
  5. Salud y resiliencia económica, social e institucional.
  6. Políticas para la próxima generación, la infancia y la juventud, tales como la educación y el desarrollo de capacidades.

El importe total de los recursos destinados al MRR se desglosa en (i) 312.500 millones de euros para ayudas financieras no reembolsables o subvenciones y en (ii) 360.000 millones de euros en forma de préstamos.

Una de las principales características distintivas de este Mecanismo es la agilidad que pretende imprimirse a la aplicación efectiva de los recursos por parte de los Estados miembros, pues se exige que el 70% de su importe (aproximadamente, 48.669 millones de euros) deba estar jurídicamente comprometido, como máximo, a 31 de diciembre de 2022, y el 30% restante (20.858 millones de euros), antes del 31 de diciembre de 2023. Y todo ello, según se declara en la Exposición de Motivos del propio Reglamento, para garantizar que la ayuda financiera sea efectiva y se concentra en la fase crítica de los primeros años tras la crisis de la COVID-19.

Como ya se ha indicado, aunque la mayor parte de los recursos que se ponen a disposición de los Estados miembros para la ejecución de sus respectivos Planes Nacionales se articulará a través de transferencias no reembolsables, el Reglamento contempla también la posibilidad de que la ayuda adopte la forma de préstamos, supeditándolo, eso sí, a la firma de un acuerdo específico con la Comisión a partir de una solicitud debidamente justificada por parte del Estado miembro. Dicha petición deberá fundarse en la existencia de mayores necesidades de financiación vinculadas a la ejecución de reformas e inversiones adicionales, especialmente, en relación con la transición verde y digital; y por un coste más elevado que la contribución financiera máxima que le haya sido asignada a dicho Estado en forma de contribución no reembolsable. Su formalización se llevará a cabo mediante un acuerdo de préstamo entre la Comisión y el Estado miembro en cuestión y en el que se especificará, esencialmente, su importe, vencimiento medio, cálculo del coste, número máximo de tramos y el calendario de reembolso.

En el caso de España, conforme al Anexo IV del citado Reglamento, el importe de las ayudas financieras reembolsables (o contribución financiera máxima asignada) asciende, a 69.528 millones de euros, aunque el importe de los fondos efectivamente transferidos variará en función de los costes incluidos en el Plan Nacional que finalmente se apruebe por la Comisión.

En todo caso, con carácter general, la liberación efectiva de los fondos a favor de los Estados se realizará por tramos y quedará condicionada al cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos previstos en los respectivos Planes de Recuperación y Resiliencia, para lo que el Reglamento contempla que los Estados puedan presentar solicitudes de pago dos veces al año, sin perjuicio de la posibilidad de obtener un anticipo (o prefinanciación) por un importe de hasta un 13% de la contribución financiera concedida, si así se solicita junto con la presentación del respectivo Plan Nacional y que podría hacerse efectiva en el plazo de los 2 meses posteriores a su aprobación por la Comisión.

Lo anterior supone que, antes de que la Comisión decida autorizar el desembolso de la contribución financiera (ya sea transferencia no reembolsable o préstamo) correspondiente a cada tramo, habrá de obtenerse dictamen del Consejo Económico y Financiero sobre el cumplimiento satisfactorio de hitos y objetivos pertinentes por parte de los Estados miembros conforme a una la evaluación preliminar de la Comisión. En el caso excepcional de que uno o varios Estados miembros entiendan que existe una desviación importante en el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos pertinentes, podrán solicitar al Presidente que remita el asunto al Consejo Europeo para su examen.

Adicionalmente, el Reglamento introduce una serie medidas por las que se vincula la posibilidad de beneficiarse de los fondos que ofrece el Mecanismo con la implementación de una buena gobernanza económica, cuyo incumplimiento por los Estados permitirá al Consejo, previa propuesta de la Comisión, suspender la totalidad o parte de los compromisos o pagos hasta el límite máximo del 25% de los compromisos o del 0,25% del PIB nominal, dependiendo del caso concreto.

8.1.2 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española

Como se ha indicado, para poder optar a la recepción de los fondos procedentes del MRR es requisito indispensable la presentación por los Estados miembros de un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia que incluya la descripción de las reformas e inversiones a llevar a cabo, así como las medidas de ejecución necesarias para ello, antes del 30 de abril de 2021.

Corresponderá a la Comisión evaluar la pertinencia, eficacia, eficiencia y coherencia del Plan de Recuperación y Resiliencia presentado por cada Estado, tomando como referencia una serie de criterios que se detallan en el Anexo V del Reglamento 2021/241 antes citado. El proceso de evaluación deberá llevarse a cabo en un plazo de dos meses desde su presentación oficial por parte del Estado miembro, procediéndose, seguidamente a elevar al Consejo una propuesta de Decisión de ejecución, en la que, entre otros extremos, se propondrá (i) la contribución financiera para el Estado miembro; (ii) la descripción de las reformas y de los proyectos de inversión y el importe de los costes totales estimados; (iii) el plazo para su ejecución -no posterior al 31 de agosto de 2026-; y (iv) los indicadores para la medición del cumplimiento de los hitos y objetivos, etc. El Consejo, adoptará la correspondiente Decisión de ejecución en las cuatro semanas siguientes a la adopción de la propuesta por parte de la Comisión. Una vez cumplido este trámite, se formalizará un acuerdo específico entre el Estado miembro y la Comisión, mediante el que se documentará el compromiso jurídico contraído entre ambos. En el caso de España, el Gobierno presentó el pasado 7 de octubre de 2020 las líneas generales del borrador del futuro Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede”, como “proyecto de país” que “traza la hoja de ruta de para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica, sólida, resiliente e inclusiva tras la crisis de la COVID”, con el objetivo de movilizar un importante volumen de inversión pública y privada que permita acelerar el cambio de modelo productivo de nuestro país.

El Plan “España Puede” está estructurado en torno a 4 ejes estratégicos o transversales, que habrán de vertebrar la transformación del conjunto de nuestra economía y guiar todo el proceso de recuperación, inspirando las reformas estructurales y las inversiones que se pongan en marcha. En particular, tales ejes son los siguientes:

  1. Transición ecológica, como elemento clave en la fase de reconstrucción, tomando como referencia la economía circular como palanca para la modernización industrial, el marco estratégico de energía y clima como parámetro para la transición del sistema energético, la gestión del agua y sus infraestructuras, la resiliencia del litoral o la calidad del suelo y la buena gestión del territorio.

    Todo ello con el objetivo de alcanzar una economía climáticamente neutra, reforzando, en línea con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la inversión pública y privada que permita reorientar el modelo productivo, impulsando la descarbonización, la eficiencia energética, el despliegue de energía renovables, la electrificación de la economía, el desarrollo del almacenamiento de energía y las soluciones basadas en la naturaleza y la mejora de la resiliencia en todos los sectores económicos.

  2. Transformación digital, garantizando la accesibilidad del conjunto de la sociedad a los entornos digitales e impulsando la digitalización de la empresa (especialmente de PYMEs y startups) y la industria, la I+D+i y la capacitación digital de la población.

    A estos efectos, se pretende apoyar, en consonancia con la Agenda España Digital 2025, la urgente modernización del tejido empresarial, impulsando su internacionalización, la renovación de su capital tecnológico y su adaptación también a la transición ecológica, sustentándola en infraestructuras y servicios que abran nuevas oportunidades a las empresas, reduciendo las brechas digitales, con tecnologías fiables que fomenten una economía dinámica y sostenible, incluyendo vectores como la ciberseguridad, la economía del dato o la inteligencia artificial.

  3. Igualdad de género, como factor fundamental de crecimiento y justicia social, reduciendo las barreras estructurales que lastran el acceso de las mujeres al mercado laboral en igualdad de derechos y condiciones, elevando la tasa de empleo femenina y fortaleciendo, mejorando y reorganizando el sistema de cuidados de larga duración, así como incrementando el potencial educativo y la igualdad de oportunidades.
  4. Cohesión social y territorial, impulsando las políticas de empleo en términos cuantitativos y cualitativos, prestando especial atención a los jóvenes y evaluando permanentemente las estrategias de inserción y reinserción laboral, creando empleo de calidad y reduciendo la desigualdad.

    En esta línea, se considera necesario fortalecer la economía de los cuidados, a partir del sistema de dependencia, los cuidados de larga duración y la atención domiciliaria, así como intensificar los vínculos de cohesión territorial, aprovechando el impulso de la digitalización y el teletrabajo para que se traduzca en un mayor grado de integración de los mercados que permita limitar las dinámicas centrípetas de las últimas décadas.

Partiendo de los anteriores ejes, el borrador del Plan propone su articulación en 10 políticas palanca en el que se engloban hasta 30 proyectos o líneas de acción, alineadas con las 7 iniciativas bandera europeas (“Flaghip iniciatives”) aprobadas por la Comisión en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021, tal y como se expone a continuación:

  1. Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura (al que se asignaría un 16% de los fondos previstos).

    Partiendo del papel fundamental de las ciudades en la transformación económica y social, por su capacidad de generar actividad a corto plazo por todo el territorio con efecto tractor sobre la industria y otros sectores clave como la construcción, así como de la necesidad de articular medidas específicas para las zonas despobladas que faciliten el desarrollo de nuevos proyectos profesionales y de contar con un sistema agroalimentario sólido y con los más altos estándares de seguridad alimentaria, esta política palanca contemplaría proyectos como los siguientes:

    • Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos (zonas de bajas emisiones, despliegue masivo de infraestructuras de recarga, modernización del parque de vehículos limpios).
    • Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana (aplicaciones inteligentes en edificios, despliegue de techos solares y de energías renovables distribuidas).
    • Transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario y pesquero (producción ecológica, consumo de temporada y proximidad, reducción del desperdicio alimentario, generación de valor en el sistema agroalimentario desde el sector primario hasta la distribución comercial).
  2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes (a la que destinaría un 12,2% de los recursos asignados).

    Dada la capacidad de las infraestructuras para movilizar grandes volúmenes de inversión a corto plazo y de generar un impacto estructural sobre el conjunto de la sociedad y la economía, incluyendo sectores de rápido crecimiento a nivel global en los que nuestro país puede alcanzar un posicionamiento estratégico, esta concreta política incluiría los siguientes proyectos:

    • Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad (infraestructura verde, reforestación, lucha contra la desertificación).
    • Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos (restauraciones, gestión integral del agua, depuración, saneamiento, reutilización, recuperación y optimización de la infraestructura hídrica).
    • Movilidad sostenible, segura y conectada (modernización, digitalización, seguridad y sostenibilidad de infraestructuras clave de transporte e intermodales y desarrollo de los principales corredores europeos).
  3. Transición Energética Justa e Inclusiva (al que se prevería destinar un 8,9% del total de fondos asignados).

    Tratando de aprovechar un sector energético descarbonizado, competitivo y eficiente que permita maximizar el potencial renovable de nuestro país y la mejora de la competitividad de varios sectores neurálgicos derivada de ello, esta política contemplaría proyectos como los señalados a continuación:

    • Despliegue masivo del parque de generación renovable dirigido al desarrollo de esta tecnología de producción (parques de generación renovable, autoconsumo, integración de renovables en la edificación y en sectores productivos, biogás, eólica marina, comunidades energéticas).
    • Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento (actualización tecnológica de las redes de transporte y distribución, gestión de la demanda, almacenamiento).
    • Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial (proyectos piloto y comerciales, acompañamiento a sectores demandantes).
    • Estrategia de transición justa (creación de actividad en territorios afectados por la transición energética).
  4. Una Administración para el Siglo XXI (al que estaría previsto atribuir el 5% del total de los recursos asignados al Plan).

    Con el fin de impulsar la actualización y mejora de la eficiencia y servicios de la Administración Pública, bajo esta política en particular se abordaría el proyecto de su modernización desde una perspectiva amplia, lo que incluye, en concreto, la digitalización de la Administración (tanto a nivel trasversal como en relación con los ámbitos estratégicos de justicia, sanidad, servicios públicos de empleo, datos de salud pública, gestión de consulados y administración territorial del Estado), el plan de refuerzo y despliegue de ciberseguridad, la transición energética de la Administración General del Estado, la modernización en la gestión de recursos humanos, así como la reforma integral y modernización del Sistema de Justicia.

  5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, recuperación del turismo e impulso a una España emprendedora (que acogería el 17,1% de los recursos).

    Se pretende apoyar y reforzar a la industria española ya posicionada en sectores como las energías renovables, la eficiencia energética, la electrificación o la economía circular, y por otro, reorientar y alinear la creación de empresas en nuevas cadenas de valor, nuevos productos y nuevos mercados asociados a los ingentes retos globales planteados, impulsando tanto proyectos transfronterizos como la participación en Proyectos de Interés Común Europeo, en coherencia con el plan de digitalización de toda la cadena de valor en sectores tractores, sin olvidar el papel fundamental que juega el turismo en nuestra economía.

    Con tales premisas, bajo esta política palanca se incluirían los proyectos siguientes:

    • Política Industrial España 2030 dirigido a impulsar la modernización y la productividad del ecosistema español de industrias-servicios, en el que se incluyen los siguientes subplanes: Plan de digitalización de los sectores estratégicos de la salud, la automoción, el turismo y el comercio, de modernización y sostenibilidad de la industria, de impulso a las economías tractoras “verdes” y Estrategia de economía circular.
    • Impulso a la PYME en concreto, mediante un Plan específico de digitalización, con la reforma de los instrumentos de financiación en apoyo de la internacionalización, así como con la puesta en marcha de la Estrategia España Nación Emprendedora, con el fin de potenciar la creación y crecimiento de empresas, así como la generación de un Ecosistema de startups).
    • Modernización y competitividad del sector turístico con el fin de fomentar la resiliencia, sostenibilidad, diversificación y valor añadido de este sector tractor de la economía, con especial atención a Baleares, Canarias y las zonas despobladas.
    • Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G para garantizar la cohesión territorial, impulsando el desarrollo tecnológico y el crecimiento del país sobre la base de la posición de liderazgo del país en redes de alta velocidad.
  6. Pacto por la Ciencia y la Innovación y refuerzo del Sistema Nacional de Salud (al que se le asignaría un 16,5% de los recursos).

    Asumiendo que no es posible abordar una transformación del país sin basarse en la ciencia y el conocimiento y a la vista de las carencias que la crisis sanitaria ha puesto de relieve en relación con el nivel de inversión en materia de ciencia e innovación en general, y, en algunos sectores estratégicos en particular, se hace necesario adoptar medidas contundentes de reconstrucción y reforzamiento tanto del sistema de ciencia e innovación amén de las capacidades de nuestro sistema público de salud en varios ámbitos, mediante los siguientes proyectos:

    • Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (en concreto, mediante el impulso de la Inteligencia Artificial en el tejido productivo, la economía y la sociedad del dato).
    • Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (a través del refuerzo de las convocatorias de proyectos de I+D+i, de Recursos Humanos y de equipamiento técnico-científico, el refuerzo de la financiación regular para proyectos empresariales de CDTI; la creación de nuevos centros de excelencia, promoviéndose planes específicos en áreas clave como la biomedicina, la investigación en salud y vacunas, la industria aeronáutica o las tecnologías de computación avanzada).
    • Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud (en especial, mediante el refuerzo de las capacidades estratégicas de análisis y prevención, la preservación y el impulso del talento profesional, la modernización tecnológica, la renovación de los equipamientos, la reserva estratégica de productos sanitarios y farmacéuticos y el impulso del sector industrial acompasado a las necesidades sanitarias).
  7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades (al que se asignaría un 17,6% de los recursos).

    Asumiendo la importancia que el refuerzo del capital humano tiene en el impacto transformador que busca el Plan, así como en la necesidad de abordar estratégicamente la capacitación del conjunto de la sociedad, reorientando y aprovechando el talento y las habilidades existentes, se propone abordar una serie de proyectos vinculados (i) con el Plan nacional de capacidades digitales, incluida la recualificación en el trabajo (upskilling y reskilling); (ii) al Plan estratégico de impulso a la Formación Profesional y (iii) a la Modernización y digitalización del sistema educativo.

  8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo (al que corresponderían un 5,7% de los recursos totales).

    Teniendo en cuenta la necesidad de reforzar la economía de los cuidados en nuestro país, así como, en general, de adaptar las políticas de empleo, esta política palanca incluiría los proyectos que se mencionan a continuación:

    • Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión (nuevas redes de teleasistencia, modernización de los sistemas de atención a personas dependientes, nuevas infraestructuras asistenciales).
    • Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, orientadas a (i) atajar los problemas estructurales del mercado laboral en nuestro país (estabilización de ERTEs, reducción temporalidad y precariedad laboral, simplificación de los tipos de contratos laborales, etc.; (ii) la reforma profunda de las políticas activas de empleo (mejora de la conexión con las necesidades empresariales); así como (iii) al impulso de las políticas de inserción laboral en torno al despliegue del Ingreso Mínimo Vital.
  9. Industria de la Cultura y el Deporte (al que se asignaría un 1,1% del total).

    Dado el valor indispensable que tiene la industria cultural para la generación de riqueza y empleo en nuestro país, esta política palanca contempla dar apoyo a los siguientes proyectos:

    • Revalorización de la industria cultural, mediante el apoyo del mecenazgo y el apoyo privado complementario al público, impulsando la actividad turística y económica derivada de eventos culturales emblemáticos, la protección del patrimonio, el apoyo de las áreas en declive demográfico, etc.).
    • La creación del Spain Audiovisual Hub, con el objetivo de posicionar a España como centro de referencia para la producción audiovisual y el sector de videojuegos, mediante la simplificación de requisitos y el impulso al ecosistema de empresas y profesionales del sector. Fomento del sector del deporte, con la potenciación de encuentros empresariales, la organización de grandes acontecimientos deportivos, el fomento del turismo deportivo, la modernización de infraestructuras deportivas, y el impulso de redes de centros de alto rendimiento y de tecnificación deportiva.
  10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.

    En la medida en la que es necesario adoptar medidas para modernizar el actual sistema fiscal español a fin de que sea capaz de garantizar la sostenibilidad financiera a medio plazo de nuestro economía tras el incremento de gasto y deuda pública asumido en nuestro país para hacer frente a situación generada con la pandemia, se propone abordar una serie de iniciativas tales como (i) la ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, con medidas dirigidas a aflorar la economía sumergida y reforzar la capacidad de recaudación del sistema impositivo; (ii) la adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI (con la previsible introducción de un impuesto sobre determinados servicios digitales y sobre transacciones financieras); (iii) la mejora de la eficacia del gasto público, y (iv) la sostenibilidad del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo.

Tras la presentación del borrador del Plan en octubre de 2020, se han sucedido numerosos contactos entre los representantes de la Comisión Europea y del Gobierno de España para tratar de perfilar determinados aspectos de su contenido, se espera que la remisión formal de la versión definitiva del Plan pudiera producirse a lo largo del mes de marzo, para someterla al proceso de aprobación por parte de las instituciones comunitarias.

Ello no obstante, y dado el reto que representa la adecuada absorción de estos fondos en el estrecho marco temporal impuesto por la Unión Europea, pasado 30 de diciembre de 2020, se aprobó el Real Decreto-ley 36/2020, mediante el que se adoptan una serie de medidas urgentes esenciales para facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con cargo al Instrumento Europeo de Recuperación y Resiliencia (y, en especial, al MRR) con el objetivo de (i) articular un modelo de gobernanza idóneo para la selección, seguimiento, evaluación y coordinación de los distintos proyectos y programas de inversión vinculados al futuro Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia; (ii) adoptar reformas normativas de carácter horizontal que posibiliten una simplificación de los procedimientos administrativos, especialmente, en materia de contratación pública y de subvenciones; y (iii) velar por la mayor eficiencia en el gasto, pero manteniendo las garantías y controles que exige el marco normativo comunitario.

Entre las principales novedades de este Real Decreto-Ley, destaca la introducción de una nueva forma de colaboración público-privada, mediante la figura de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTEs), considerándose como tales a aquellos proyectos o grupo de proyectos estructurados que (i) representen una importante contribución al crecimiento económico y a la creación de empleo y a la competitividad de la industria española, por sus efectos de arrastre positivos en el mercado interior y la sociedad; (ii) permitan combinar conocimientos, experiencia, recursos financieros y actores económicos con el fin de remediar importantes deficiencias de mercado o sistémicas y retos sociales; (iii) contar con un importante carácter innovador o valor añadido en términos de I+D+i; (iv) destaquen por su importancia cuantitativa o cualitativa o por presentar un nivel de riesgo tecnológico o financiero muy elevado; (v) favorezcan la integración y el crecimiento de las PYMEs y la generación de entornos colaborativos; y (vi) contribuyan de forma concreta, clara e identificable a uno o más objetivos del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como a los propósitos marcados a nivel europeo en el Instrumento Europeo de Recuperación.

La declaración de un proyecto como Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica corresponderá al Consejo de Ministros, y su ejecución se articulará, en cada caso, a través, de cuantos mecanismos estén previstos en el ordenamiento jurídico, respetando en todo momento los principios de igualdad y no discriminación, concurrencia, publicidad, transparencia y proporcionalidad.

Las empresas interesadas en participar en los PERTEs deberán inscribirse en un Registro estatal -de inminente creación-, siendo su inscripción acreditativa de que la empresa realiza actividades vinculadas al interés público que encarga dicho PERTE. Dicha inscripción podrá ser considerada como requisito para ser beneficiario de ayudas, sólo cuando ello resulte necesario para la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general y no existan otras medidas menos restrictivas o distorsionadoras para la actividad económica para alcanzar los mismos objetivos. Y todo ello, al margen de que deba ofrecerse a la empresa solicitante la posibilidad, alternativa a la inscripción, de acreditar el cumplimiento de los requisitos, cualitativa o cuantitativamente exigidos ante el órgano concedente de la subvención.