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2. Incentivos estatales para la formación y el empleo

2.1. Incentivos a la formación

La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral (y, previamente, el Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral), regula el sistema vigente en la materia con los siguientes objetivos principales: (i) garantizar el ejercicio del derecho a la formación de los trabajadores, empleados y desempleados, en particular, de los más vulnerables; (ii) contribuir de manera efectiva a la competitividad de las empresas, (iii) fortalecer la negociación colectiva en la adecuación de la oferta formativa a los requerimientos del sistema productivo y (iv) ofrecer eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos.

A tal fin, el sistema de formación profesional para el empleo viene a dar cobertura a empresas y trabajadores de cualquier parte del territorio español y responde a una acción coordinada, colaborativa y cooperativa entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y demás agentes que intervienen en el mismo para garantizar la unidad de mercado y el enfoque estratégico de la formación, respetando, como no podía ser de otra manera, el reparto competencial existente en la materia.

A la financiación de dicho sistema se destinarán los fondos procedentes de la cuota de formación profesional para el empleo que aportan las empresas y los trabajadores, según lo que se disponga anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como con las aportaciones incluidas en el presupuesto del Servicio de Empleo Público Estatal y con los fondos propios que las Comunidades Autónomas decidan destinar en el marco de sus propios presupuestos.

En este contexto, la Ley 30/2015 define como iniciativa de formación, cada una de las modalidades de formación para el empleo destinadas a dar respuesta inmediata a las distintas necesidades individuales y del sistema productivo, debiendo dirigirse, en concreto, a promover la adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias y cualificaciones profesionales, favoreciendo la formación a lo largo de toda la vida de la población activa, conjugando las necesidades de las personas, de las empresas, de los territorios y de los sectores productivos.

Con tal premisa, las iniciativas de formación consideradas financiables en el marco del sistema de formación profesional para el empleo en vigor han de revestir alguna de las siguientes cuatro modalidades (que han sido objeto de regulación detallada en el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, de desarrollo de la Ley 30/2015):

  • Formación programada por las empresas para sus trabajadores: Acciones formativas que buscan responder a las necesidades formativas reales, inmediatas y específicas de las empresas y sus trabajadores, pudiendo llevarse a cabo directamente por éstas o encomendarlas a una entidad externa acreditada y/o inscrita en el correspondiente registro.
  • Oferta formativa, de las Administraciones competentes, para trabajadores ocupados: Dirigida a atender las necesidades no cubiertas por la formación programada por las empresas para sus trabajadores. Se trata de acciones formativas dirigidas a trabajadores ocupados que tenga en cuenta (i) los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas; (ii) las necesidades de adaptación a los cambios operados en el puesto de trabajo y (iii) las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores.
  • Oferta formativa, de las Administraciones, competentes para trabajadores desempleados: Acciones formativas para trabajadores desempleados ajustadas tanto a las necesidades formativas individuales como a las necesidades del sistema productivo, con el objeto de que los trabajadores adquieran las competencias que son requeridas por el mercado de trabajo y mejoren su empleabilidad.
  • Otras iniciativas de formación profesional (que incluyen, entre otros, los permisos individuales de formación y la formación en alternancia con el empleo): Acciones formativas encaminadas a favorecer el desarrollo profesional y personal del trabajador, respondiendo a las necesidades del mercado laboral.

Por lo que se refiere a la formación programada por empresas para sus trabajadores, así como a los permisos individuales de trabajo, las empresas dispondrán -para financiar los costes generados en su impartición- de un denominado “crédito de formación”, que podrán hacer efectivo mediante bonificaciones en las correspondientes cotizaciones empresariales a la Seguridad Social a medida que dicha empresa vaya comunicando la finalización de las acciones formativas realizadas.

El importe de este crédito de formación se obtendrá en función de las cantidades ingresadas por cada empresa en el año anterior en concepto de cuota de formación profesional, así como del porcentaje que se fije anualmente, en los Presupuestos Generales del Estado*, en función del tamaño de la empresa, garantizándose un crédito mínimo de formación en función del número de trabajadores que las empresas tengan en sus plantillas, que podrá ser superior a la cuota de formación profesional ingresada por aquellas en el sistema de Seguridad Social. Las empresas participarán con sus propios recursos en la financiación de la formación de sus trabajadores en un porcentaje variable que asciende a un 5% (para empresas de 6 a 9 empleados), un 10% (10 a 49 empleados), un 20% (50 a 249 empleados) o hasta un 40% (250 o más empleados).

Finalmente apuntar que el importe del crédito y, por tanto, de la bonificación en la cotización aplicable por las empresas varía según la actuación formativa realizada:

 Características de la AyudaImporte (Disposición Adicional 124ª LGPE 2018)
Acciones formativas propiasBonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social para la realización por el trabajador de acciones para la mejora de su cualificación.Resultante de aplicar a la cuantía ingresada el año anterior por cuotas empresariales a la formación profesional, los siguientes porcentajes, según el número de trabajadores: 100% (de 6 a 9), 75% (de 10 a 49), 60% (de 50 a 249) y 50% (más de 250).
Para las empresas de 1 a 5 trabajadores y las de nueva creación o que hubieran abierto centros de trabajo, con nuevos trabajadores, se establecen créditos de bonificación de 420 €, en el primer caso, y de 65 €, en el segundo, aplicado al número de trabajadores de nueva incorporación.
Permisos individuales trabajadoresBonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social para las empresas que concedan permisos individuales de formación a sus trabajadores.Equivalente al de los costes salariales de los permisos concedidos, con determinados límites establecidos por Orden Ministerial (TAS/2307/2007)**, según el tamaño de la empresa. A modo de ejemplo, para el año 2020, los límites serán desde el equivalente a los costes de 200 horas para empresas de 1 a 9 trabajadores, hasta 800 horas para empresas de 250 a 499 trabajadores, incrementándose en otras 200 horas por cada 500 trabajadores más en plantilla.
Durante 2020, el conjunto de créditos concedido por este concepto a las mismas no podrá superar el 5% del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para la financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por formación profesional para el empleo.
  1. A la fecha de elaboración del presente Capítulo no se han fijado los importes de las bonificaciones para 2020, en la medida en que no se ha aprobado la Ley de Presupuesto Generales del Estado para 2020, por lo que, en principio, cabría entender prorrogados los importes establecidos en la última Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobada, esto es, la correspondiente al año 2018.
  2. Según información obtenida de la Administración, en tanto no se aprueben nuevos límites por Orden Ministerial, seguirán aplicándose las que estuvieran vigentes: en este caso, la Orden Ministerial (TAS/2307/2007).

Por su parte, para poder dar cumplimiento a los compromisos e iniciativas públicas en materia de oferta formativa dirigida a trabajadores ocupados y desempleados, la Ley 30/2015 arbitra un sistema de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, abierta a todas las entidades de formación que cumplan con los requisitos de acreditación y/o inscripción exigidos en la normativa aplicable. Cuando se trate de programas formativos con compromisos de contratación, la concurrencia estará abierta a las empresas y entidades que se comprometan a la realización de los correspondientes contratos en los términos fijados reglamentariamente.

Las condiciones concretas en las que se puede acceder a dichas subvenciones se fijan por el Ministerio de Trabajo y Economía Social mediante la respectiva Orden.

Actualmente resulta de aplicación la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el citado Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, de desarrollo, a su vez, de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, reguladora del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

De acuerdo con dicha Orden TMS/368/2019, la iniciativa de oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores ocupados habrá de desarrollarse mediante: (i) programas de formación sectoriales; (ii) programas de formación transversales y, (iii) programas de cualificación y reconocimiento profesional.

Por otra parte, la iniciativa de oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores desempleados se desarrollará mediante: (i) programas de formación de los servicios públicos de empleo dirigidos a cubrir las necesidades formativas detectadas en los itinerarios personalizados de inserción y en las ofertas de empleo y en el informe anual; (ii) programas específicos de formación dirigidos a personas desempleadas con necesidades formativas especiales o con dificultades para su inserción o recualificación profesional y, (iii) programas formativos que incluyan compromisos de contratación.

Quedan excluidas de la regulación establecida en la Orden TMS/368/2019, entre otros, la formación programada por las empresas para sus trabajadores y los permisos individuales de formación, que se regularán y financiarán de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2015 y en el Real Decreto 694/2017 ya mencionados.

Los límites máximo y mínimo para cada especialidad incluida en el Catálogo de Especialidades Formativas se fijarán reglamentariamente, entre los que se podrán ajustar los módulos específicos que establezcan las administraciones competentes para su ámbito de gestión*. No obstante, mientras no se fijen reglamentariamente dichos límites, podrán considerarse los módulos económicos genéricos máximos recogidos en el anexo I de la Orden, que son los siguientes:

Modalidad de imparticiónCuantía de los módulos económicos máximos
Presencial13 €
Teleformación7,5 €
MixtaSe aplicarán los módulos anteriores en función de las horas de formación presencial o de teleformación que tenga la acción formativa.
  1. Las Administraciones públicas podrán incrementar hasta en un 50% por ciento estos importes, en función de la singularidad de determinadas acciones formativas que por su especialidad y características técnicas precisen de una financiación mayor.

Finalmente, las acciones formativas no vinculadas con certificados de profesionalidad dirigidas a las personas desempleadas podrán contemplar la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas, ligadas a dichas acciones formativas y relacionadas con su contenido formativo, previa suscripción de un acuerdo entre la empresa y la entidad de formación. En este contexto, las empresas podrán recibir, en régimen de concesión directa, una compensación económica por alumno/hora de práctica, con una cuantía máxima de 6 €.