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3. Incentivos estatales para sectores industriales específicos

3.4.1. Minería

3.4.1.1. Ayudas de prevención de riesgos y seguridad minera

El régimen de las ayudas al sector minero se establece en la Orden IET/2271/2015, de 28 de octubre, por la que se regulan las bases para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la prevención de riesgos y seguridad minera, en el ámbito de una minería sostenible, de las actividades mineras no energéticas.

Las subvenciones reguladas mediante esta Orden tienen por objeto impulsar el desarrollo de proyectos relativos a la seguridad minera (en sus vertientes de inversión y formación) que realicen las empresas y entidades sin ánimo de lucro con el fin de contribuir a la reducción de la siniestralidad de la actividad minera en España y, por extensión, al logro de un crecimiento sostenible del sector.

La convocatoria de ayudas para proyectos y actuaciones correspondiente al ejercicio 2020 se realizó mediante Resolución, de 28 de octubre de 2019, de la Secretaría de Estado de Energía.

Con tal premisa, y a título informativo, baste indicar que en esta última convocatoria se consideran financiables los proyectos realizados dentro del territorio español en el ámbito de la minería no energética y dirigidos a las áreas de (i) las inversiones materiales en seguridad en explotaciones y establecimientos de beneficio y (ii) las actuaciones de formación.

Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las empresas privadas y las agrupaciones de dichas empresas, siempre que sean titulares del aprovechamiento del dominio minero objeto del proyecto y no ejerzan su actividad en el sector del carbón (y no estén, por tanto, afectadas por el régimen relativo a las ayudas estatales para facilitar el cierre de las minas no competitivas). Asimismo, pueden ser beneficiarias de estas ayudas las instituciones sin ánimo de lucro, en cuyo caso no será necesario que sean titulares del aprovechamiento del dominio minero, bastando con que acrediten tener un interés legítimo en relación con la actividad minera.

La cuantía de estas ayudas consiste en un porcentaje sobre la inversión subvencionable aprobada, cuyo importe varía conforme al siguiente esquema:

  • Ayudas para inversiones materiales en seguridad minera: La cuantía mínima de las ayudas otorgadas será de 12.000 €, mientras que la máxima no podrá exceder del 20% de los costes subvencionables. No obstante, este importe máximo sólo está previsto si las solicitantes son pequeñas y microempresas, reduciéndose al 10% de los costes subvencionables en el caso de medianas empresas. En el caso de grandes empresas, la ayuda máxima no podrá superar el 5% de aquéllos.
  • Actuaciones de formación de seguridad minera: La intensidad de la ayuda será, como mínimo, de 4.000 € y podrá alcanzar: (i) hasta el 100% del coste de la inversión subvencionable aceptada, en el caso de que el solicitante sea una institución sin ánimo de lucro; (ii) hasta el 50% de los costes de la inversión subvencionable, en el caso de grandes empresas; (iii) el 60 % para medianas empresas y (iv) el 70% para pequeñas empresas y microempresas. El cálculo del coste de inversión subvencionable está vinculado en esta modalidad a las horas lectivas aprobadas y a la realización de los cursos completos descritos en el proyecto, fijándose en las respectivas convocatorias tanto el coste horario unitario máximo por trabajador y hora, el número máximo y mínimo de alumnos por curso, así como el coste máximo subvencionable por alumno y proyecto.

En el caso concreto de las ayudas a los proyectos de actividades de formación rigen, adicionalmente, las siguientes limitaciones:

  • Si los proyectos son presentados por empresas mineras o agrupaciones de las mismas, el importe no podrá ser superior a 100.000 € por empresa o agrupación y proyecto.
  • Una misma empresa no podrá recibir más de 200.000 € de ayudas a la formación en esta materia en un periodo de tres ejercicios fiscales consecutivos (ayudas de mínimis).

Finalmente, cabe indicar que el beneficiario de la ayuda concedida en cualquiera de las dos líneas antes expuestas debe ejecutar las inversiones entre la fecha de solicitud de la subvención y hasta un plazo máximo de cuatro meses contados desde la fecha de notificación de la resolución de concesión.

3.4.1.2. Marco de Actuación para la minería del carbón

El conjunto de medidas en apoyo de la minería del carbón y las comarcas mineras se recoge en el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027, suscrito con el Ministerio de Transición Ecológica. En vigor desde el 31 de diciembre de 2018, el mismo tiene en cuenta el contexto actual del sector, tras la finalización de las ayudas que se habían venido concediendo para cubrir las pérdidas de las explotaciones mineras de acuerdo con las exigencias de la normativa europea, y en coherencia con el actual proceso de transición energética.

Así, los principales objetivos de este Acuerdo Marco serían los siguientes:

  1. Reactivar económicamente y promover el desarrollo alternativo de las comarcas mineras para lograr su transformación estructural, recuperación económica y bienestar social.
  2. Flexibilizar las condiciones requeridas a las empresas que quieran continuar extrayendo carbón a partir de 2019 y que hayan de hacer frente a la devolución de las ayudas recibidas al amparo de la Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas.
  3. Mantener las líneas de ayudas para fomentar el desarrollo de proyectos empresariales generadores de empleo y el apoyo a la creación de infraestructuras vinculadas a los mismos, que permitan la contratación de los trabajadores desempleados como consecuencia del cese de la explotación minera.
  4. Acordar el diseño de medidas específicas para la formación de los trabajadores de la minería del carbón y el mantenimiento de ayudas que contribuyan a la cobertura de los costes excepcionales vinculados al cierre contemplado en la normativa comunitaria.

Sin perjuicio de que en algunos casos no hayan sido aprobadas aún las bases y el correspondiente desarrollo normativo exigido para su aplicación, el Acuerdo Marco articula las siguientes líneas principales:

  1. Ayudas por costes excepcionales de las empresas del carbón:

    Prevista para el periodo 2019-2025, esta línea se encuentra dirigida a las empresas mineras incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la Minería del Carbón no Competitiva de acuerdo con la citada Decisión 2010/787/UE.

    Contempla dos modalidades de ayudas con finalidades distintas:

    1. Ayudas sociales destinadas a la plantilla propia de unidades de producción de carbón.

      Estas ayudas disponen ya de un desarrollo específico por parte del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras y, en todo lo no regulado expresamente en dicha norma, por las disposiciones del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.

      En particular, el referido Real Decreto 676/2014 recoge la concesión directa de ayudas a las empresas que lleven o hayan llevado a cabo una actividad relacionada con la producción del carbón, a fin de que puedan cubrir ciertos costes derivados de la extinción de los contratos de trabajo de sus empleados como consecuencia del cierre de unidades de producción de carbón destinados a la generación eléctrica incluidas en el citado Plan de Cierre.

      La finalidad de dichas ayudas es aliviar las consecuencias sociales y regionales del cierre de las minas, proyectándose sobre los costes laborales para trabajadores de edad avanzada; y las bajas indemnizadas.

      Adicionalmente, el Acuerdo Marco prevé que puedan articularse otras ayudas sociales dirigidas a los trabajadores afectados que no reuniesen las condiciones exigidas para acceder a las anteriores ayudas.

    2. Ayudas de carácter excepcional dirigidas a cubrir costes de cierre de las unidades de producción y mitigación del impacto medioambiental.

      El Acuerdo Marco instrumenta dichas ayudas con el objetivo de contribuir a sufragar los trabajos/medidas incluidos en los Planes de restauración que, previamente, hayan sido autorizados por la autoridad minera competente. Así, podrán acogerse a estas ayudas las empresas mineras que hayan presentado ante la autoridad minera competente para su autorización: (i) el Proyecto de Abandono Definitivo de las Instalaciones; (ii) el Proyecto Definitivo de Cierre y Clausura de la instalación; y que cumplan el resto de requisitos exigidos en la normativa correspondiente para resultar en beneficiarios.

    El Acuerdo Marco incluye la posibilidad de adoptar medidas en apoyo de los trabajadores del sector que continúen en labores extractivas a partir del 31 de diciembre de 2018 en las unidades de producción de las empresas incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España y que se pretendan cerrar en el periodo 2019-2025.

    Asimismo, se articulan otras medidas para los trabajadores del sector como (i) actividades de restauración; (ii) bolsas de trabajo; (iii) ayudas sociales para trabajadores en procesos de incapacidad total revisable.

  2. Medidas de reactivación de las comarcas mineras

    Conforme establece el Acuerdo Marco, bajo esta línea de ayudas podrán implantarse las siguientes medidas:

    1. Medidas de reactivación en las comarcas mineras del carbón destinadas a financiar nuevas instalaciones empresariales y a ampliar las existentes.

      Podrán acogerse a estas ayudas las personas que hayan de realizar la actividad que fundamente su concesión, la cual habrá de localizarse en los municipios afectados por la reestructuración y modernización de la minería del carbón.

      En concreto, resultarán financiables los proyectos de inversión empresarial generadores de empleo que, perteneciendo a cualquier actividad económica susceptible de recibir ayudas, cumplan las siguientes condiciones:

      1. Proyectos empresariales con una inversión superior a 100.000 € y con compromisos de creación de empleo igual o superior a 3 puestos de trabajo que cumplan, además, con el resto de requisitos previstos en el Acuerdo Marco.
      2. Ayudas a pequeños proyectos de inversión en las siguientes condiciones:
        • Importe mínimo de 30.000 € y máximo de 500.000 €, con unos compromisos mínimos de creación de empleo.
        • Recaigan en alguna de las actividades económicas financiables, siempre que se desarrollen en cualquiera de los municipios incluidos en el ámbito territorial objeto del Plan.
    2. Ayudas al desarrollo alternativo de las comarcas mineras.

      Podrán beneficiarse de estas ayudas, el desarrollo de infraestructuras que se localicen en los municipios afectados por los procesos de cierre de la minería del carbón.

      Actualmente, las ayudas dirigidas a promover el desarrollo de las zonas mineras se regulan por lo dispuesto en el Real Decreto 675/2014, de 1 agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas orientadas a fomentar el desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón, mediante el desarrollo de proyectos de infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera.

      Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las comunidades autónomas, ayuntamientos y otras entidades locales incluidas en el ámbito geográfico del Real Decreto, conforme a lo dispuesto en el Anexo I del mismo.

      El marco temporal previsto para estas ayudas se extiende hasta 2023, si bien, de acuerdo con la regulación del Acuerdo Marco, la ejecución material de las actuaciones financiables podrá extenderse hasta 2027.

    El Acuerdo Marco contempla, además de las ayudas a la reactivación a las que acabamos de referirnos, que las comarcas mineras puedan beneficiarse de otras medidas adicionales que se definan en el Plan de Acción Urgente en Transición Justa, que habrá de consensuarse entre las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los actores sociales.

3.4.2 Inversión Industrial

El proceso de adaptación de determinados sectores industriales tradicionales a las nuevas formas de producción, enmarcado en los procesos de racionalización y modernización del segmento empresarial, ha venido provocando severas pérdidas del tejido productivo y una eliminación significativa de puestos de trabajo.

Para tratar de atenuar y, en la medida de lo posible, evitar estos efectos nocivos sobre el conjunto del tejido industrial y, en particular, en las zonas más afectadas por el citado proceso de adaptación, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo viene llevando a cabo actuaciones de apoyo dirigidas a potenciar, regenerar o crear el tejido industrial.

En la actualidad, es la Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, por la que se establecen las bases para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial, la que regula la concesión de ayudas para actuaciones en sectores estratégicos industriales al amparo de la mencionada política (Programa REINDUS), habiendo sido aquella modificada por la Orden ICT/768/2019, de 11 de julio, en lo que respecta, entre otros aspectos, a los requisitos de los solicitantes, los criterios de evaluación y causas de reintegro.

Mediante las bases de referencia se alinean los criterios de los anteriores Programas de Reindustrialización y de Fomento de Sectores Industriales Estratégicos, prestando especial interés a las empresas que incorporen tecnologías avanzadas en sus procesos y productos, generen empleo cualificado con la mayor aportación posible de valor añadido y, en definitiva, contribuyan a aumentar la base exportadora del país.

La última convocatoria realizada en el marco de esta ayuda, para todo el territorio nacional, fue la efectuada en el año 2019, mediante la Orden, de 19 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, sin que, a tenor de la información facilitada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo haya podido confirmarse cuándo tendrá lugar la nueva convocatoria para el año 2020.

Aunque la anterior Orden de convocatoria se centra en las ayudas destinadas a proyectos y actuaciones de reindustrialización y fomento de la competitividad que se efectúen en todo el territorio nacional, incorpora, tras los acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial de Industria y PYME el 25 de marzo de 2019, un conjunto de municipios calificados como "zonas prioritarias", de tal forma que la ejecución de proyectos en alguno de aquéllos otorga al proyecto mayor puntuación. El apoyo financiero al que, con carácter general, pueden optar los proyectos, se articula a través de préstamos a largo plazo, considerándose como tipos de actuaciones financiables las siguientes:

  • Creación de establecimientos industriales: Considerándose como tal, el inicio de una nueva actividad de producción en cualquier punto del territorio nacional.
  • Traslado: Entendiéndose como tal, el cambio de localización de una actividad de producción previa hacia cualquier punto del territorio nacional.
  • Mejoras y/o modificaciones de líneas de producción: Recibiendo tal consideración la realización de inversiones de adquisición de equipos que permitan la modernización de líneas de producción existentes o generen la implantación de nuevas líneas de producción, en establecimientos industriales que ya estén en producción en el momento de la solicitud.
  • Implementación productiva de tecnologías de la “Industria Conectada 4.0”: Entendiéndose como tal la realización de inversiones de adquisición de activos fijos en materiales en establecimientos industriales que ya estén en producción en el momento de la solicitud, para:
    1. La implementación de soluciones de hibridación del mundo físico y digital (sistemas inteligentes, low-end y embebidos, sensores, wearables, e-tags, realidad virtual e impresión 3D, robótica y vehículos no tripulados dentro del establecimiento industrial) de los procesos de producción que, al menos, genere una línea de producción completa.
    2. La fabricación de los sistemas definidos en el anterior punto.
    3. La implementación de infraestructuras físicas de red para la conectividad digital de los procesos de producción que avancen hacia el concepto de «Internet de las Cosas».

Quedan fuera de estas definiciones las meras sustituciones de maquinaría y/o parte de sus componentes o elementos auxiliares de producción, así como las reparaciones y acciones de mantenimiento.

A este respecto, la Orden de Bases puntualiza que las inversiones industriales de cualquiera de las anteriores tipologías deben ser viables técnicamente según el estado o situación actual de la tecnología a escala industrial.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas cualquier sociedad con personalidad jurídica propia debidamente constituidas en España (siempre que no forme parte del sector público), que desarrollen o vayan a desarrollar una actividad industrial productiva (en concreto, que se refiera a actividades encuadradas en la Sección C Divisiones 10 a 32 del Clasificación Nacional de Actividades Económicas), siendo seleccionadas en un proceso de concurrencia competitiva.

Se consideran gastos financiables los siguientes:

  • Para las inversiones destinadas a la creación y traslado de establecimientos industriales:
    • Gastos de obra civil: Inversiones materiales en urbanización y canalizaciones, con exclusión expresa de terrenos.
    • Gastos de edificación: Inversiones materiales para la adquisición, construcción, ampliación o adecuación de naves industriales, así como de sus instalaciones y equipos no vinculados directamente al proceso productivo).
    • Aparatos y equipos de producción: Adquisición de activos fijos materiales directamente vinculados a la producción, excluidos los elementos de transporte externo.

    La suma de los conceptos de obra civil y edificación no podrá superar el 70% del presupuesto financiable total.

  • Para las inversiones relativas a mejoras y/o modificaciones de líneas de producción:
    • Gastos de obra civil: Inversiones materiales en urbanización y canalizaciones, con exclusión expresa de terrenos.
    • Gastos de edificación: Inversiones materiales para la adquisición, construcción, ampliación o adecuación de naves industriales, así como de sus instalaciones y equipos no vinculados directamente al proceso productivo.
    • Gastos de aparatos y equipos de producción: Adquisición de activos fijos materiales directamente vinculados a la producción, excluidos los elementos de transporte exterior.
    • Gastos de ingeniería de proceso de producción: Gastos de personal propio y colaboraciones externas necesarias para el diseño y/o rediseño de procesos, directamente vinculados con los aparatos y equipos que se consignen en el párrafo anterior. Queda expresamente excluida cualquier forma de ingeniería civil o consultoría asociada a la gestión y tramitación de la financiación solicitada.

    La suma de los conceptos de obra civil y edificación no podrá superar el presupuesto de aparatos y equipos vinculados a la producción. Por otro lado, los gastos de ingeniería de proceso de producción no podrán superar el 30% del gasto de adquisición de aparatos y equipos de producción. Dentro de esta partida, los gastos de personal propio se limitarán al 5% del presupuesto de adquisición de aparatos y equipos de producción.

  • Para las inversiones dirigidas a la implementación productiva de tecnologías de la «Industria Conectada 4.0»:
    • Gastos de obra civil: Inversiones materiales en urbanización y canalizaciones, con exclusión expresa de terrenos.
    • Gastos de edificación: Inversiones materiales para la adquisición, construcción, ampliación o adecuación de naves industriales, así como de sus instalaciones y equipos no vinculados directamente al proceso productivo.
    • Gastos de aparatos y equipos de producción: Adquisición de activos fijos materiales directamente vinculados a la producción, excluidos los elementos de transporte exterior, y adquisición de software específico de soluciones de hibridación o conectividad digital de los procesos de producción.
    • Gastos de ingeniería de proceso de producción: Gastos de personal propio y colaboraciones externas necesarias para el diseño y/o rediseño de procesos, directamente vinculados con los aparatos y equipos que se consignen en el párrafo anterior. Queda expresamente excluida cualquier forma de ingeniería civil o consultoría asociada a la gestión y tramitación de la financiación solicitada.

    La suma de los conceptos de obra civil y edificación no podrá superar el presupuesto de aparatos y equipos vinculados a la producción. Por otro lado, el gasto imputado en la partida de ingeniería de proceso de producción no podrá superar el presupuesto de adquisición de aparatos y equipos de producción. Dentro de esta partida, los gastos de personal propio se limitarán al 15% del presupuesto de adquisición de aparatos y equipos de producción.

  • Las actuaciones financiadas deben ejecutarse desde el 1 de enero del año de la correspondiente convocatoria hasta un plazo máximo de 18 meses contados desde la fecha de resolución de la concesión.
  • El presupuesto financiable mínimo de las inversiones se fija en cada convocatoria (en la del año 2019 se mantuvo en 100.000 €), siendo el importe máximo de la financiación a conceder del 75% del presupuesto considerado financiable.

    Adicionalmente, para las empresas sin cuentas históricas significativas (en la definición dada a tal efecto por el propio Anexo I de la Orden) se prevé que el préstamo en que se materialice la ayuda no podrá superar tres veces los fondos propios acreditables. En el resto de casos, dicho límite queda fijado en cinco veces los fondos propios del solicitante (acreditados mediante las cuentas presentadas para su valoración), sin perjuicio de que, en cada convocatoria, se pueden establecer proporciones menores a las señaladas en ambos casos.

    Asimismo, el importe máximo del préstamo a conceder estará condicionado al riesgo vivo que acumule la empresa con la Dirección General de Industria y de la PYME. En el caso de empresas sin cuentas históricas significativas, el riesgo vivo máximo no podrá superar en tres veces los últimos fondos propios de la misma, y en cinco veces para el resto.

  • El tipo de interés aplicable al préstamo concedido se fijó para la convocatoria de 2019 en un 1%.
  • El plazo de amortización del préstamo será, con carácter general, de 10 años, con un plazo de carencia de 3 años y con cuotas de amortización anuales y por igual importe que deben satisfacerse una vez finalizado el periodo de carencia.
  • Finalmente, la concesión del préstamo exigirá la constitución de una garantía, cuyo importe equivaldrá al porcentaje del préstamo otorgado más el mismo porcentaje del interés financiero total a devengar, y se determinará en función de la clasificación obtenida por el solicitante según la metodología descrita en el Anexo II de la Orden ICT/1100/2018, de acuerdo con la siguiente tabla:

    Categoría de calificaciónPorcentaje de garantía a constituir sobre el préstamo concedido más el interés financiero a devengar
    Excelente (AAA-A)
    10%
    Bueno (BBB)
    41%
    Satisfactoria (BB)
    70%

    Aunque la prestación de garantías se configura como un requisito previo a la concesión del préstamo, de manera excepcional, y para dar respuesta a la situación generada con la crisis del COVID-19, para las solicitudes de préstamos presentadas en el marco de la convocatoria 2019, se permite -al amparo de lo previsto en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo- que las garantías a aportar por los solicitantes se presenten tras la resolución de concesión y con anterioridad al pago del préstamo. El plazo para presentar las garantías finalizará el 3 de noviembre de 2020 pero de no hacerse en el plazo conferido, el beneficiario perderá el derecho al cobro del préstamo.

    De igual forma y respecto de los proyectos que se encontraran en ejecución al tiempo de la declaración del estado de alarma (declarado por el RD 463/2020, de 14 de marzo), se han establecido unos criterios especiales de graduación de los incumplimientos (ex Disposición Adicional 17ª del Real Decreto- Ley 11/2020, antes citado). En la misma línea, a todos aquellos que sean beneficiarios de préstamos de reindustrialización ya otorgados, se les permite solicitar modificaciones en los cuadros de amortización aprobados durante un plazo de 2 años y medio a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, siempre que la crisis sanitaria generada por el COVID-19 haya generado periodos de inactividad al beneficiario, reducción en el volumen de sus ventas o interrupciones en el suministro de la cadena de valor. Las modificaciones del cuadro de amortización -que habrán de ser autorizadas expresamente por el órgano que dictó la resolución de concesión- podrían consistir en un aumento del plazo máximo de amortización o del plazo máximo de carencia (si aún no ha vencido alguna cuota del principal) u otras análogas, siempre que se mantenga el nivel máximo de intensidad de ayuda y el mismo nivel de riesgo existente al tiempo de la concesión.

3.4.3 Industria Farmacéutica

Mediante Acuerdo, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 11 de mayo de 2017, fue aprobada la iniciativa para el Fomento de la Competitividad en la Industria Farmacéutica o PROFARMA ( 2017-2020). Se trata de una iniciativa conjunta de los entonces, Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, con el objetivo de aumentar la competitividad de la industria farmacéutica en España, a través de la modernización del sector y de la potenciación de aquellas actividades que aporten mayor valor añadido (tales como la inversión en nuevas plantas industriales y en nuevas tecnologías para la producción así como mediante el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación).

La apuesta de PROFARMA por la modernización del sector supone:

  • Para las empresas nacionales: Buscar mercados más amplios por medio de la internacionalización, incorporar la utilización de nuevas tecnologías en sus procesos productivos y de investigación, desarrollo e innovación y mejorar en la focalización de sus líneas de investigación.
  • Para las empresas multinacionales: Aumentar su compromiso con el desarrollo de la estructura industrial, potenciar su esfuerzo inversor tanto en infraestructuras y actividades de producción como en I+D+i en España y mejorar significativamente la balanza comercial.

La consecución del objetivo genérico de PROFARMA resulta visible a través de la obtención de los siguientes objetivos concretos:

  • El aumento de las inversiones totales realizadas en España por las empresas participantes en PROFARMA, considerándose especialmente relevante el aumento de las inversiones en activos de producción y de investigación y desarrollo.
  • El incremento en los gastos en I+D+i.
  • El incremento del empleo en actividades relacionadas con la I+D+i, así como en producción y control de calidad.
  • La inversión del déficit la balanza comercial de las empresas incluidas en PROFARMA.
  • El incremento de los gastos corrientes en I+D sobre las ventas al Sistema Nacional de Salud.

En tal contexto, se enmarca la Resolución de 6 de julio de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa mediante la que se realiza una convocatoria plurianual para los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020, pudiéndose presentar las solicitudes para la convocatoria correspondiente al año 2020, desde el día 1 de abril hasta el 29 de mayo inclusive1.

Podrán solicitar su inclusión en el marco PROFARMA las empresas del sector farmacéutico, ubicadas en España, que fabriquen o comercialicen medicamentos de uso humano y que realicen actividades de I+D+i farmacéutica en el territorio nacional. La participación en dicho Programa pasa por someter a la empresa a un proceso de evaluación dirigido a su posterior clasificación y calificación por el Comité de Coordinación, encargado de la gestión del Programa, en función del cuál sea el esfuerzo realizado por aquélla a la hora de alcanzar los objetivos genéricos y específicos del Programa, así como de cuáles sean sus recursos y resultados industriales, económicos, de I+D+i, etc.

Con tal premisa, las empresas serán clasificadas en tres Grupos (A, B y C) en función de que (i) dispongan o no de planta de producción farmacéutica propia y (ii) del carácter significativo o no de la actividad investigadora desarrollada por aquéllas. De igual forma, el Comité de Coordinación les asignará una calificación (Excelente, Muy Buena, Buena y Aceptable) en función de la valoración y puntuación obtenida con arreglo a los criterios fijados en la propia normativa reguladora.

La propuesta de clasificación y calificación de cada una de las empresas farmacéuticas participantes en el programa PROFARMA serán elevadas al titular de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para que se adopte la resolución definitiva.

Al finalizar cada año del programa PROFARMA (2017-2020), se medirá el avance realizado en los objetivos señalados utilizando los siguientes indicadores:

Objetivos 2017-2020
IndicadoresConvocatoria 2017Convocatoria 2018Convocatoria 2019Convocatoria 2020
Inversión I+D46 millones €48 millones €50 millones €52 millones €
Inversión producción260 millones €265 millones €270 millones €275 millones €
Gastos en I+D+i1.100 millones €1.125 millones €1.150 millones €1.175 millones €
Empleo I+D+i4.2504.3004.3504.400
Empleo producción13.00013.10013.200 13.300
Balanza comercial-3.500 millones €-3.350 millones €-3.200 millones €-3.050 millones €
% Gastos corrientes en I+D / Ventas SNS15%15,5%15,6%15,9%

___________________

1 No obstante, debe tenerse en cuenta que dicho plazo ha quedado suspendido durante la vigencia del estado de alarma declarado por el RD 463/2020, de 14 de marzo (en Disposición Adicional Tercera de dicho texto legal) reanudándose desde el momento en el que se declare su finalización.