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3. Incentivos estatales para sectores industriales específicos

3.4.1. Minería

3.4.1.1. Ayudas de prevención de riesgos y seguridad minera

El régimen de las ayudas al sector minero en materia de riesgos y seguridad viene actualmente recogido en la Orden TED/1079/2020, de 11 de noviembre, por la que se establecen sus bases reguladoras en el ámbito de una minería autóctona y sostenible.

Las subvenciones reguladas mediante esta Orden tienen por objeto impulsar el desarrollo de proyectos relativos a la seguridad minera (en sus vertientes de inversión y formación) que realicen las empresas y entidades sin ánimo de lucro interesadas con el fin de contribuir a la reducción de la siniestralidad de la actividad minera en España, favoreciendo de forma eficaz, por extensión, tanto al proceso de transición ecológica como al de combatir el reto demográfico.

La convocatoria de ayudas para proyectos y actuaciones correspondiente al ejercicio 2021 se ha realizado mediante Resolución, de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía.

Con tal premisa, y a título informativo, baste indicar que en esta última convocatoria se han considerado financiables los proyectos realizados dentro del territorio español en el ámbito de la minería y dirigidos a las áreas de (i) las inversiones materiales en seguridad minera, incluyendo los proyectos vinculados a la mejora de la seguridad y la salud en explotaciones, establecimientos de beneficio y túneles o galerías en fase de excavación y sostenimiento; y (ii) las actuaciones de formación en seguridad minera.

Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las PYMEs que sean titulares del aprovechamiento del dominio minero objeto del proyecto o de la autorización de la autoridad minera del proyecto de ejecución para los túneles o galerías en fase de excavación y sostenimiento, siempre y cuando no estén afectadas por la Decisión nº 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre, relativa al régimen de ayudas estatales para el cierre de minas de carbón no competitivas (Decisión nº 2010/787/UE). También pueden ser beneficiarias de estas ayudas las instituciones sin ánimo de lucro, en cuyo caso no será necesario que sean titulares del aprovechamiento del dominio minero, bastando con que acrediten tener un interés legítimo en relación con la actividad minera, así como atender al resto de requisitos fijados por la Orden.

Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva y su cuantía consiste en un porcentaje sobre la inversión subvencionable aprobada, cuyo importe varía conforme al siguiente esquema:

  • Ayudas para inversiones materiales en seguridad minera: Solo pueden acogerse a estas ayudas las PYMEs, sin que la intensidad de las mismas pueda exceder del 20% de los costes subvencionables, en el caso de las pequeñas empresas y de las microempresas, y del 10%, en el caso de las medianas empresas, con una cuantía mínima de 12.000 € para la ayuda otorgada.
  • Actuaciones de formación de seguridad minera: Solo pueden acogerse a estas ayudas las instituciones sin ánimo de lucro, pudiendo ser su intensidad de hasta el 100% del coste de la inversión subvencionable aprobada, vinculada a las horas lectivas acreditadas y a la realización de cursos completos presentados en el proyecto. En cualquier caso, la cuantía máxima otorgada a un proyecto de este tipo es de 65.000 € por solicitud, mientras que su cuantía mínima se fija en 4.000 €. Como límites de esta línea debe tenerse en cuenta (i) que el número máximo de horas subvencionable es de 8 horas por curso, siendo obligatorio que los mismos sean, al menos, de 3 horas; y (ii) que el coste máximo admisible por trabajador y hora, así como el coste total por trabajador fijado en cada convocatoria anual, en ningún caso podrán superar los 350 €.

La citada Resolución de 29 de diciembre de 2020 que aprobó la convocatoria de concesión de ayudas para 2021 ha fijado en 1.580.000 € la cuantía total de la subvención a conceder como consecuencia de las solicitudes presentadas.

3.4.1.2. Marco de Actuación para la minería del carbón

El conjunto de medidas en apoyo de este sector se recoge en el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027 (Acuerdo Marco), suscrito con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En vigor desde el 31 de diciembre de 2018, este Acuerdo Marco tiene en cuenta el contexto actual del sector, tras la finalización de las ayudas que se habían venido concediendo para cubrir las pérdidas de las explotaciones mineras de acuerdo con las exigencias de la normativa europea, y en coherencia con el actual proceso de transición energética presente:

Así, sus principales objetivos son los siguientes:

  1. Reactivar económicamente y promover el desarrollo alternativo de las comarcas mineras para lograr su transformación estructural, recuperación económica y bienestar social.
  2. Flexibilizar las condiciones requeridas a las empresas que quieran continuar extrayendo carbón a partir de 2019 y que hayan de hacer frente a la devolución de las ayudas recibidas al amparo de la citada Decisión nº 2010/787/UE del Consejo sobre las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas.
  3. Mantener las líneas de ayudas para fomentar el desarrollo de proyectos empresariales generadores de empleo y el apoyo a la creación de infraestructuras vinculadas, que permitan la contratación de los trabajadores desempleados como consecuencia del cese de la explotación minera.
  4. Acordar el diseño de medidas específicas para la formación de los trabajadores de la minería del carbón y el mantenimiento de ayudas que contribuyan a la cobertura de los costes excepcionales vinculados al cierre contemplado en la normativa comunitaria.

El Acuerdo Marco articula las siguientes líneas principales:

  1. Ayudas por costes excepcionales de las empresas del carbón:

    Prevista para el periodo 2019-2025, esta línea se encuentra dirigida a las empresas mineras incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la Minería del Carbón no Competitiva de acuerdo con la citada Decisión nº 2010/787/UE ya mencionada.

    Contempla dos modalidades de ayudas con finalidades distintas:

    1. Ayudas sociales destinadas a la plantilla propia de unidades de producción de carbón.

      Estas ayudas disponen ya de un desarrollo específico por parte del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras y, en todo lo no regulado expresamente en dicha norma, por las disposiciones del Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.

      En particular, este Real Decreto 676/2014 recoge la concesión directa de ayudas a las empresas que lleven o hayan llevado a cabo una actividad relacionada con la producción del carbón, a fin de que puedan cubrir ciertos costes derivados de la extinción de los contratos de trabajo de sus empleados como consecuencia del cierre de unidades de producción de carbón destinados a la generación eléctrica incluidas en el citado Plan de Cierre nacional.

      La finalidad de dichas ayudas es aliviar las consecuencias sociales y regionales del cierre de las minas, proyectándose sobre los costes laborales para trabajadores de edad avanzada y las bajas indemnizadas.

      Adicionalmente, el Acuerdo Marco prevé que puedan articularse otras ayudas sociales dirigidas a los trabajadores afectados que no reúnan las condiciones exigidas para acceder a las anteriores ayudas.

    2. Ayudas de carácter excepcional dirigidas a cubrir costes de cierre de las unidades de producción y mitigación del impacto medioambiental.

      El Acuerdo Marco instrumenta dichas ayudas con el objetivo de contribuir a sufragar los trabajos o medidas incluidas en los planes de restauración que hayan sido previamente autorizados por la autoridad minera competente. Así, podrán acogerse a estas ayudas las empresas mineras que hayan solicitado la autorización para, según corresponda, el el proyecto de abandono definitivo de las instalaciones o el proyecto definitivo de cierre y clausura de la instalación; y que cumplan el resto de requisitos exigidos en la normativa aplicable para resultar beneficiarios.

    El Acuerdo Marco incluye también la posibilidad de adoptar medidas en apoyo de los trabajadores del sector que continúen desarrollando labores extractivas a partir del 31 de diciembre de 2018 en las unidades de producción de las empresas incluidas en el mencionado Plan de Cierre del Reino de España y que pretendan clausurarse en el periodo 2019-2025.

    Asimismo, se articulan otras medidas para los trabajadores del sector como son (i) el desarrollo de actividades de restauración; (ii) la inclusión en bolsas de trabajo; (iii) la concesión de ayudas sociales para trabajadores en procesos de incapacidad total revisable.

  2. Medidas de reactivación de las comarcas mineras:

    Destinadas a financiar nuevas instalaciones empresariales y a ampliar las existentes.

    Pueden acogerse a estas ayudas las personas que realicen la actividad que fundamente su concesión la cual habrá de localizarse en los municipios afectados por la reestructuración y modernización de la minería del carbón.

    En concreto, resultarán financiables los proyectos de inversión empresarial generadores de empleo que, perteneciendo a cualquier actividad económica susceptible de recibir ayudas, cumplan las siguientes condiciones:

    1. Proyectos empresariales con una inversión superior a 100.000 € y con compromisos de creación de empleo igual o superior a 3 puestos de trabajo que cumplan, además, se ajusten al resto de requisitos previstos en el Acuerdo Marco.
    2. Ayudas a pequeños proyectos de inversión en las siguientes condiciones:
      • Importe mínimo de 30.000 € y máximo de 500.000 €, con unos compromisos mínimos de creación de empleo.
      • Recaigan en alguna de las actividades económicas financiables, siempre que se desarrollen en cualquiera de los municipios incluidos en el ámbito territorial objeto del mencionado Plan de Cierre.
    3. Ayudas al desarrollo alternativo de las comarcas mineras.

      Pueden beneficiarse de estas ayudas, las infraestructuras localizadas en los municipios afectados por los procesos de cierre de la minería del carbón.

      Actualmente, las ayudas dirigidas a promover el desarrollo de las zonas mineras se regulan en el Real Decreto 675/2014, de 1 agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas orientadas a fomentar el desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón, mediante el desarrollo de proyectos de infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera.

      Pueden ser beneficiarias de estas ayudas las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y otras Entidades Locales incluidas en el ámbito geográfico de este Real Decreto, conforme a lo dispuesto en su Anexo I.

      El marco temporal previsto para estas ayudas se extiende hasta 2023, si bien, de acuerdo con la regulación del Acuerdo Marco, la ejecución material de las actuaciones financiables puede extenderse hasta 2027.

      El Acuerdo Marco contempla, además de las ayudas a la reactivación a las que acabamos de referirnos, que las comarcas mineras puedan beneficiarse de otras medidas adicionales que se definan en el Plan de Acción Urgente en Transición Justa, que habrá de consensuarse entre las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los actores sociales.

Con el objeto de alcanzar los objetivos propuestos y poner en marcha las medidas previstas en el Acuerdo Marco, el pasado 31 de diciembre de 2020 se publicaron las siguientes Órdenes:

  1. Orden TED/1293/2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión que generen o mantengan el empleo, promoviendo el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el periodo 2020-2023.

    La finalidad de estas ayudas es la promoción de la localización de pequeños proyectos de inversión empresarial en las zonas afectadas por la reestructuración de la minería del carbón y su entorno, generando actividades económicas alternativas a la minería del carbón.

    Pueden ser beneficiarios de estas ayudas, que se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, las personas físicas o jurídicas privadas, así como las agrupaciones integradas por ellas, las comunidades de bienes y los trabajadores autónomos que vayan a acometer pequeños proyectos de inversión empresarial generadores de empleo que se localicen en los municipios reconocidos en la Orden.

    Las ayudas que se regulan en la citada orden son complementarias y compatible con otras ayudas públicas siempre y cuando el importe máximo de todas las ayudas no exceda el coste de inversión proyectado. En el caso de que se diera una acumulación de ayudas recibidas por un proyecto, el importe global de las que tengan la condición «de minimis» no podrá exceder del límite máximo de 200.000 € durante cualquier período de 3 ejercicios fiscales o del que resulte vigente en cada convocatoria.

    Los proyectos que soliciten las ayudas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

    • Poder haber iniciado la inversión 1 año antes de la fecha de la convocatoria.
    • Contar con un importe mínimo para la inversión subvencionable de 30.000 € y máximo de 500.000 €. Asimismo, es necesario que se ejecute el 50% de la inversión y que como mínimo se inviertan 30.000 €.
    • Generar como mínimo 1 puesto de trabajo o mantener plantillas iguales o superiores a 3 puestos de trabajo.
    • Cumplimiento del plazo de ejecución previsto por la correspondiente convocatoria.

    Su cuantía no podrá exceder del límite máximo de 200.000 € en el caso de que fuera concedida a una única empresa. Para la determinación de la misma, se aplicarán los siguientes criterios:

    • Los proyectos en los municipios muy afectados por el proceso de cierre de empresas de la minería del carbón (Grupo 1), podrán recibir una subvención de hasta el 100 % del límite máximo de intensidad o de cuantía máxima aplicable al municipio de que se trate.
    • Los proyectos en el resto de municipios mineros afectados por el proceso de cierre de empresas de la minería del carbón (Grupo 2), sin embargo, sólo podrán recibir una subvención de hasta el 50%.
  2. Orden TED/1294/2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el periodo 2020-2023.

    La finalidad y el ámbito de aplicación de las ayudas reguladas por esta Orden son los mismos que los fijados Orden TED/1293/2020 descrita en el apartado anterior, con la diferencia de no exigirse que sean de pequeña envergadura.

    Pueden ser objeto de ayuda los proyectos de inversión empresarial generadores de empleo pertenecientes a todas las actividades económicas susceptibles de recibir ayudas, de acuerdo con la normativa nacional y de la Unión Europea aplicable, exceptuando los sectores del acero, carbón, transportes, etc.

    En los supuestos de ayudas solicitadas por grandes empresas solo podrán concederse para inversiones iniciales que atraigan nuevas actividades a esas zonas o para la diversificación de establecimientos existentes en nuevos productos o nuevos procesos innovadores.

    Los requisitos exigibles a los proyectos son similares a los de la Orden TED 1293/2020, con las siguientes diferencias:

    • No pueden haber iniciado los trabajos que hagan efectiva la inversión antes de la presentación de la solicitud de ayuda.
    • La inversión prevista mínima que resulte subvencionable deberá ser de 100.000 €. Asimismo, es necesario que se ejecute, al menos, el 50% de la inversión prevista, garantizándose siempre la citada cifra de inversión mínima.
    • Los proyectos objeto de ayudas deberán generar, como mínimo, 3 puestos de trabajo.
    • Con anterioridad a los 6 meses siguientes a la fecha de notificación de la resolución definitiva que apruebe la ayuda solicitada para el proyecto, se deberá haber ejecutado y pagado un 10% de la inversión que se considere subvencionable.
    • A efectos de financiación, resulta exigible que (i) como mínimo, el 25% del total de los costes subvencionables sea financiado por el beneficiario mediante sus propios recursos o mediante financiación externa, exenta de cualquier tipo de ayuda pública; y (ii) que la empresa o beneficiario acredite una contribución financiera, mediante sus propios recursos o mediante financiación externa, que suponga al menos el 5% de la inversión subvencionable.
    • Cumplimiento del plazo de ejecución previsto por la correspondiente convocatoria

    Para la determinación de la cuantía de las ayudas, se aplicarán los mismos criterios definidos en la Orden TED 1293/2020.

3.4.2 Inversión Industrial

El proceso de adaptación de determinados sectores industriales tradicionales a las nuevas formas de producción, enmarcado en los procesos de racionalización y modernización del segmento empresarial, ha venido provocando severas pérdidas del tejido productivo y una eliminación significativa de puestos de trabajo.

Para tratar de atenuar y, en la medida de lo posible, evitar estos efectos nocivos sobre el conjunto del tejido industrial y, en particular, en las zonas más afectadas por el citado proceso de adaptación, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo viene llevando a cabo actuaciones de apoyo dirigidas a potenciar, regenerar o crear el tejido industrial.

En la actualidad, es la Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, por la que se establecen las bases para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial, la que regula la concesión de ayudas para actuaciones en sectores estratégicos industriales al amparo de la mencionada política (Programa REINDUS), habiendo sido la misma posteriormente modificada por la Orden ICT/768/2019, de 11 de julio, en lo que respecta, entre otros aspectos, a los requisitos de los solicitantes, los criterios de evaluación y causas de reintegro.

Mediante las bases de referencia se alinean los criterios de los anteriores Programas de Reindustrialización y de Fomento de Sectores Industriales Estratégicos, prestando especial interés a las empresas que incorporen tecnologías avanzadas en sus procesos y productos, generen empleo cualificado con la mayor aportación posible de valor añadido y, en definitiva, contribuyan a aumentar la base exportadora del país.

La última convocatoria realizada para todo el territorio nacional en el marco de la citada Orden ICT/1100/2018 fue la correspondiente al año 2019, mediante la Orden, de 19 de septiembre de ese año, dictada por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Aunque esta última Orden de convocatoria se centró, según se ha señalado, en los proyectos de reindustrialización efectuados en todo el territorio nacional, acabó incorporando, tras los acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial de Industria y PYME celebrada el 25 de marzo de 2019, un conjunto de municipios calificados como "zonas prioritarias", en los que la ejecución de proyectos conlleva el otorgamiento de mayor puntuación.

Tomando como referencia la convocatoria más reciente, pues, pasan a exponerse seguidamente los principales parámetros a tomar en consideración.

El apoyo financiero al que, con carácter general, pueden optar los proyectos, se articula a través de préstamos a largo plazo, considerándose como tipos de actuaciones finan

  • Creación de establecimientos industriales, en el sentido de iniciar una nueva actividad de producción en cualquier punto del territorio nacional.
  • Traslado, como cambio de localización de una actividad de producción previa hacia cualquier punto del territorio nacional.
  • Mejoras y/o modificaciones de líneas de producción, esto es, la realización de inversiones de adquisición de equipos que permitan la modernización de líneas de producción existentes o generen la implantación de nuevas líneas de producción, en establecimientos industriales que ya estén en producción en el momento de la solicitud.
  • Implementación productiva de tecnologías de la “Industria Conectada 4.0”, o, lo que es lo mismo, la realización de inversiones de adquisición de activos fijos en materiales en establecimientos industriales que ya estén en producción en el momento de la solicitud, para:
    • La implementación de soluciones de hibridación del mundo físico y digital (sistemas inteligentes, low-end y embebidos, sensores, wearables, e-tags, realidad virtual e impresión 3D, robótica y vehículos no tripulados dentro del establecimiento industrial) de los procesos de producción que, al menos, genere una línea de producción completa.
    • La fabricación de los sistemas definidos en el anterior punto.
    • La implementación de infraestructuras físicas de red para la conectividad digital de los procesos de producción que avancen hacia el concepto de «Internet de las Cosas».

Quedan fuera de estas definiciones las meras sustituciones de maquinaría y/o parte de sus componentes o elementos auxiliares de producción, así como las reparaciones y acciones de mantenimiento.

A este respecto, las inversiones industriales de cualquiera de las anteriores tipologías deben ser viables técnicamente según el estado o situación actual de la tecnología a escala industrial.

Como beneficiarias pueden fijar cualesquiera sociedades con personalidad jurídica propia, debidamente constituidas en España y no pertenecientes al sector público que desarrollen o vayan a desarrollar una actividad industrial productiva y hayan sido seleccionadas de acuerdo con un proceso de concurrencia competitiva.

Se consideran gastos financiables los siguientes:

  • Para las inversiones destinadas a la creación y traslado de establecimientos industriales, tanto los gastos de obra civil (inversiones materiales en urbanización y canalizaciones, con exclusión expresa de terrenos), como los gastos de edificación (materiales para la construcción de naves industriales) y los aparatos y equipos de producción (activos fijos materiales directamente vinculados a la producción).

    La suma de los conceptos de obra civil y edificación no podrá superar el 70% del presupuesto financiable total.

  • Para las inversiones relativas a mejoras y/o modificaciones de líneas de producción, tanto los gastos de obra civil y edificación, como los aparatos y equipos de producción y los gastos de ingeniería de proceso de producción (personal propio y colaboraciones externas necesarias para el diseño y/o rediseño de procesos).

    La suma de los conceptos de obra civil y edificación no podrá superar el presupuesto de aparatos y equipos vinculados a la producción. Por otro lado, los gastos de ingeniería de proceso de producción no podrán superar el 30% del gasto de adquisición de aparatos y equipos de producción. Dentro de esta partida, los gastos de personal propio se limitarán al 5% del presupuesto de adquisición de aparatos y equipos de producción.

  • Para las inversiones dirigidas a la implementación productiva de tecnologías de la «Industria Conectada 4.0», tanto los gastos de obra civil y edificación, como los aparatos y equipos de producción y los gastos de ingeniería de proceso de producción.

    La suma de los conceptos de obra civil y edificación no podrá superar el presupuesto de aparatos y equipos vinculados a la producción. Por otro lado, el gasto imputado en la partida de ingeniería de proceso de producción no podrá superar el presupuesto de adquisición de aparatos y equipos de producción. Dentro de esta partida, los gastos de personal propio se limitarán al 15% del presupuesto de adquisición de aparatos y equipos de producción.

Las actuaciones financiadas deben ejecutarse desde el 1 de enero del año de la correspondiente convocatoria hasta un plazo máximo de 18 meses contados desde la fecha de resolución de la concesión.

El presupuesto financiable mínimo de las inversiones se fija en cada convocatoria (en la del año 2019 se mantuvo en 100.000 €), siendo el importe máximo de la financiación a conceder del 75% del presupuesto considerado financiable.

Adicionalmente, para las empresas sin cuentas históricas significativas (en la definición dada a tal efecto por el propio Anexo I de la Orden) se prevé que el préstamo en que se materialice la ayuda no pueda superar tres veces los fondos propios acreditables. En el resto de casos, dicho límite queda fijado en cinco veces los fondos propios del solicitante (acreditados mediante las cuentas presentadas para su valoración), sin perjuicio de que, en cada convocatoria, se puedan establecer proporciones menores a las señaladas en ambos casos.

Asimismo, el importe máximo del préstamo a conceder estará condicionado al riesgo vivo que acumule la empresa con la Dirección General de Industria y de la PYME. En el caso de empresas sin cuentas históricas significativas, el riesgo vivo máximo no podrá superar en 3 veces los últimos fondos propios de la misma, y en 5 veces para el resto.

El tipo de interés aplicable al préstamo concedido se fijó para la convocatoria de 2019 en un 1%.

El plazo de amortización del préstamo será, con carácter general, de 10 años, con un plazo de carencia de 3 años y con cuotas de amortización anuales y por igual importe que deben satisfacerse una vez finalizado el periodo de carencia.

Finalmente, la concesión del préstamo exigirá la constitución de una garantía, cuyo importe equivaldrá al porcentaje del préstamo otorgado más el mismo porcentaje del interés financiero total a devengar, y se determinará en función de la clasificación obtenida por el solicitante según la metodología descrita en el Anexo II de la Orden ICT/1100/2018, de acuerdo con la siguiente tabla:

Categoría de calificaciónPorcentaje de garantía a constituir sobre el préstamo concedido más el interés financiero a devengar
Excelente (AAA-A)
10%
Bueno (BBB)
41%
Satisfactoria (BB)
70%

Por último, cabe destacar que, para el año 2020, como consecuencia de la crisis sanitaria originada por la COVID-19, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo adoptó la Orden ICT/778/2020, de 4 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2020, de concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial.

Dicha Orden dispuso las bases y acordó la convocatoria para una sola anualidad, la del propio año 2020, y vinculando específicamente la concesión de ayudas a la concurrencia de una afectación derivada de la actual situación de crisis sanitaria.

Pese a haberse agotado su vigencia, y de acuerdo con la información facilitada desde el Ministerio, dada la persistencia temporal, también en 2021, de los efectos de tal crisis, no es descartable que a lo largo de los próximos meses pueda terminar aprobándose una nueva Orden de naturaleza similar a la ICT/778/2020 citada.

3.4.3 Industria Farmacéutica

Mediante Acuerdo de 11 de mayo de 2017 de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, fue aprobada la Iniciativa para el Fomento de la Competitividad en la Industria Farmacéutica o PROFARMA 2017-2020, de carácter conjunto y dirigida a aumentar la competitividad de la industria farmacéutica en España, a través de la modernización del sector y de la potenciación de aquellas actividades que aportan un mayor valor añadido (tales como la inversión en nuevas plantas industriales y en nuevas tecnologías para la producción, así como mediante el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación). En el tramo temporal inicialmente proyectado, los objetivos cuantitativos valorados por el Programa iban progresivamente desde los 46 a los 52.000.000 €, en inversión I+D, y de los 260 a los 275.000.000 € en inversión y producción.

Tras completarse en 2020 la vigencia de la citada iniciativa, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se encuentra actualmente elaborando el Programa PROFARMA 2021-2024, cuya publicación se prevé realizar hacia el mes de septiembre próximo.

Si bien la documentación relativa a dicho nuevo Programa no es todavía públicamente accesible, se espera, según la información facilitada por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa , que el Programa PROFARMA 2021-2024 siga las líneas generales marcadas por la versión del Programa hasta ahora vigente y las distintas Resoluciones administrativas dictadas en su desarrollo y para la realización de las correspondientes convocatorias.

Partiendo de lo anterior, los principales aspectos a tener en cuenta en materia de fomento de la competitividad en la industria farmacéutica en España serían los siguientes:

  • La apuesta de PROFARMA por la modernización del sector, que implica:
    • Para las empresas nacionales: Buscar mercados más amplios por medio de la internacionalización, incorporar la utilización de nuevas tecnologías en sus procesos productivos y de investigación, desarrollo e innovación y mejorar en la focalización de sus líneas de investigación.
    • Para las empresas multinacionales: Aumentar su compromiso con el desarrollo de la estructura industrial, potenciar su esfuerzo inversor tanto en infraestructuras y actividades de producción como en I+D+i en España y mejorar significativamente la balanza comercial.
  • La consecución del anterior objetivo genérico de modernización a través de una serie de objetivos concretos como son los siguientes:
    • El aumento de las inversiones totales realizadas en España por las empresas participantes en PROFARMA, considerándose especialmente relevante el aumento de las inversiones en activos de producción y de investigación y desarrollo.
    • El incremento en los gastos en I+D+i.
    • El incremento del empleo en actividades relacionadas con la I+D+i, así como en producción y control de calidad.
    • La inversión del déficit en la balanza comercial de las empresas incluidas en PROFARMA.
    • El incremento de los gastos corrientes en I+D+i sobre las ventas al Sistema Nacional de Salud.
  • La sistematización del procedimiento de participación en PROFARMA por parte de las empresas, permitiendo tal inclusión a las empresas del sector farmacéutico, ubicadas en España, que fabriquen o comercialicen medicamentos de uso humano y que realicen actividades de I+D+i farmacéutica en el territorio nacional. Será en todo caso necesario someter a las empresas a un proceso de evaluación dirigido a su posterior clasificación y calificación por parte de un Comité de Coordinación encargado de la gestión del Programa, en función de cuál sea el esfuerzo realizado por las mismas a la hora de alcanzar los objetivos genéricos y específicos planteados, así como de cuáles sean sus recursos y resultados industriales, económicos, de I+D+i, etc.

    Con tal premisa, las empresas son clasificadas en tres Grupos (A, B y C) en función de que (i) dispongan o no de planta de producción farmacéutica propia y (ii) del carácter significativo o no de la actividad investigadora desarrollada por aquéllas. De igual forma, el Comité de Coordinación les asigna una calificación (Excelente, Muy Buena, Buena y Aceptable) en función de la valoración y puntuación obtenida con arreglo a los criterios fijados en la propia normativa reguladora.

    Dicha propuesta de clasificación y calificación de cada una de las empresas farmacéuticas que optan a participar en el programa PROFARMA es finalmente elevada al titular de la Secretaría General de Industria y de la PYME, para la adopción de la resolución definitiva.

    Si bien es esperable que los mencionados aspectos básicos del Programa PROFARMA se mantengan en la versión que del mismo se está actualmente elaborando para el horizonte 2021-2024, habrá de estarse finalmente a cuál sea su redacción definitiva, para tener en cuenta su confirmación completa o la adición de posibles matices de detalle, los cuales -de nuevo conforme a la información facilitada desde el Ministerio- podrían ir principalmente orientados a lograr su sincronización con (i) la Estrategia Farmacéutica para Europa, aprobada por la Comisión Europea el pasado 25 de noviembre de 2020; (ii) con los posibles aspectos vinculados a Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, y (iii) con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede”, elaborado por el Gobierno Español y objeto de tratamiento en el apartado correspondiente de este capítulo.

    Más allá del Programa PROFARMA, que constituye el incentivo estatal por excelencia en materia farmacéutica, cabe destacar que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se encuentra en la actualidad en proceso de elaboración de un Pacto de Estado por la Ciencia. En la elaboración del borrador del citado Pacto han participado agentes del sector farmacéutico, como FarmaIndustria y, de acuerdo con la información hecha pública por el Ministerio, su aprobación podría llevar a la adopción de medidas destinadas a incentivar la inversión farmacéutica.

    Por último, y a nivel europeo, con fecha 17 de febrero de 2021, fue aprobado el Plan europeo de preparación en materia de biodefensa frente a las variantes del COVID-19, llamado “Incubadora HERA”, como mecanismo con el que, a corto plazo, hacer frente a las nuevas variantes del COVID-19, y, a largo plazo, como preparación de la Unión ante emergencias sanitarias. Dicho Plan prevé medidas de aceleración de la aprobación reglamentaria de vacunas, la creación de nuevos acuerdos de adquisición anticipada de medicamentos, así como el estudio de la posible concesión de ayudas para la producción de vacunas, instrumentos intermedios o infraestructuras.