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2. El país, su población y su calidad de vida

2.3 Instituciones políticas

España es una monarquía parlamentaria. El Rey es el Jefe del Estado4, y su principal cometido es arbitrar y moderar el correcto funcionamiento de las instituciones de acuerdo con la Constitución. Asimismo, ratifica los nombramientos de los cargos más representativos en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial5.

La Constitución de 1978 establece los derechos fundamentales y las libertades públicas y asigna el poder legislativo a las Cortes Generales (Parlamento)6, el poder ejecutivo al Gobierno de la nación y el poder judicial a los jueces y magistrados.

La función legislativa está confiada a las Cortes Generales, que comprenden el Congreso de los Diputados (Cámara Baja) y el Senado (Cámara Alta); los miembros de ambas cámaras se eligen cada cuatro años mediante sufragio universal.

Las Cortes Generales ejercen el poder legislativo, aprueban los presupuestos generales del Estado, controlan la actividad del Gobierno y ratifican los tratados internacionales.

El máximo dirigente del Gobierno7 es el Presidente del Gobierno, elegido por las Cortes Generales, quien, a su vez, es el encargado de elegir a los miembros del Consejo de Ministros. Los miembros del Gobierno son nombrados y cesados por el Presidente a su discreción.

España está organizada en 17 Comunidades Autónomas, cada una integrada por una o más provincias, además de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en el norte de África; el número total de provincias es de 50.

Cada Comunidad Autónoma ejerce las competencias que le atribuye la Constitución y que se especifican en los Estatutos de Autonomía. Estos Estatutos contienen además la regulación institucional de la Comunidad que consiste habitualmente en: una Asamblea legislativa elegida por sufragio universal que promulga la legislación aplicable en la Comunidad; un Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, dirigido por un Presidente elegido por la Asamblea que es el representante máximo de la Comunidad y un Tribunal Superior de Justicia que ostenta el poder judicial en el territorio de la Comunidad. Existe además en cada Comunidad un Delegado del Gobierno nombrado por el Gobierno Central, que dirige localmente la Administración Estatal y la coordina con la de la Comunidad.

Las Comunidades son financieramente autónomas, recibiendo además asignaciones de los presupuestos generales del Estado.

Como resultado de la estructura descrita anteriormente, España se ha convertido en uno de los países más descentralizados de Europa.