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3. España y la Unión Europea

España accedió como miembro de pleno derecho a la entonces Comunidad Económica Europea en 1986. Desde entonces, y de acuerdo con los datos publicados por la Comisión Europea, España cumple con los objetivos establecidos por el Consejo Europeo.

La incorporación a la Unión Europea trajo para España, así como para los demás Estados Miembros, un trascendental cambio desde mediados de los años noventa con la creación del Mercado Único Europeo y del Área Económica Europea, artífices de un espacio comercial sin fronteras.

Desde entonces, la Unión Europea ha avanzado notablemente en el proceso de unificación mediante el fortalecimiento de los lazos políticos y sociales entre sus ciudadanos; España, a lo largo de este proceso, se ha caracterizado por ser uno de los países líderes en la implantación de medidas de liberalización.

El 1 de julio de 2013, con la incorporación de Croacia, el número de países de la Unión Europea se incrementó hasta 28 Estados Miembros8. Sin embargo, el 23 de junio de 2016 se celebró el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido y Gibraltar en la Unión Europea en el que se votó a favor de su salida. De esta manera, desde el pasado 31 de enero de 2020, el Reino Unido ha abandonado la Unión Europea con la entrada en vigor del Acuerdo de Retirada, ascendiendo actualmente a 27 el número de Estados Miembros.

Con el objetivo de aumentar la democracia, la eficacia y la transparencia de la UE, y, con ello, su capacidad para enfrentarse a desafíos globales como el cambio climático, la seguridad y el desarrollo sostenible, el 13 de diciembre de 2007 los entonces 27 Estados Miembros de la UE firmaron el Tratado de Lisboa cuya entrada en vigor – previa ratificación por parte de cada uno de los 27 Estados Miembros- tuvo lugar el 1 de diciembre de 2009. Previamente, entre el 4 y el 7 de junio se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo9.

España ha adquirido una importante responsabilidad en la Unión Europea, tal y como evidencia el hecho de que sea, junto con Polonia, el quinto país en términos de poder de votación en el Consejo de Ministros. En 2010, España asumió la Presidencia del Consejo por cuarta vez y para el periodo comprendido entre enero y junio de aquel año.

La introducción del euro (1 de enero de 2002), marcó el principio de la tercera Presidencia Española del Consejo Europeo, representando la culminación de un largo proceso y el nacimiento de toda una serie de oportunidades de crecimiento para los mercados español y europeo. Desde el 1 de enero de 2015, con la incorporación de Lituania, la Zona Euro cuenta con la participación de diecinueve Estados Miembros.

Con el euro se ha establecido una zona monetaria única en la Unión Europea que conforma el mayor ámbito comercial del mundo, provocando la integración de los mercados financieros y de las políticas económicas de los Estados Miembros pertenecientes a dicha Zona, potenciando la coordinación de los sistemas fiscales de los Estados Miembros y aumentando la estabilidad de la Unión Europea.

Asimismo, la adopción de una moneda única europea, ha producido resultados claros a nivel internacional, promoviendo la Zona Euro tanto en los foros internacionales como en los financieros (las reuniones del grupo G-7) y en las organizaciones multilaterales. La estabilidad económica y comercial que proporciona el euro ha venido reforzando el crecimiento económico español, junto con su proyección política internacional. Además, se están poniendo en marcha medidas para fortalecer la economía europea, por ejemplo, para consolidar la coordinación de la política económica en la Unión Económica y Monetaria se crea el Pacto por el Euro Plus.

En mayo de 2020, la Comisión Europea presentó una propuesta de revisión del Marco Financiero Plurianual con el objetivo de acometer mayores inversiones en el ejercicio 2020 para hacer frente a la crisis derivada de la COVID-19.

Posteriormente, el 17 de diciembre de 2020, el Consejo de la Unión Europea ha aprobado el Reglamento por el que se establece el marco financiero plurianual de la Unión Europea para el período 2021-2027 que será un instrumento de financiación destinado a reforzar todos los ámbitos de actuación de la Unión Europea; en particular, enfocado a las transiciones ecológica y digital, y, asimismo, ayudará a los Estados miembros de la Unión Europea a abordar las consecuencias de la crisis de la COVID-19, estimulando su modernización y resiliencia. De este modo, España ha mantenido su compromiso a favor de las reformas estructurales al hilo de la Estrategia Europa 2020 y el Pacto por el Crecimiento y el Empleo que están permitiendo relanzar el crecimiento económico, la inversión y el empleo, sobre la base de una Unión Europea más competitiva.

España se ha beneficiado tradicionalmente de los recursos comunitarios procedentes de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión. En este sentido, España es el tercer país que más ayudas recibe de estos Fondos. Se estima que en el período 2020-2027, la financiación europea, a través del Marco Financiero Plurianual junto con el Instrumento de Recuperación de carácter extraordinario “Next Generation EU”, supondrá una aportación positiva de más de 1,8 billones de euros en los próximos años para sustentar la recuperación de la pandemia de la COVID-19 y las prioridades a largo plazo de la Unión Europea en diferentes ámbitos de actuación.

Estimular y apoyar la investigación y desarrollo tecnológico son funciones atribuidas a las instituciones europeas. El pasado 11 de diciembre de 2020, el Consejo de la Unión Europea alcanzó un acuerdo político provisional con los negociadores del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento por el que se crea Horizonte Europa para el período 2021-2027.

Horizonte Europa estará organizado en torno a tres pilares:

  1. Ciencia excelente.
  2. Desafíos mundiales y competitividad industrial europea.
  3. Europa innovadora.

De esta manera, ayudará a crear liderazgo industrial en Europa y reforzar la excelencia de la base científica, esencial para la sostenibilidad, prosperidad y el bienestar de Europa a largo plazo.

A este respecto, la Ley de Ciencia de 2011, aportó medidas al marco actual existente (desarrollo autonómico, creciente dimensión europea, salto cuantitativo y cualitativo en los recursos públicos, consolidación de una comunidad científica y técnica profesionalizada, competitiva y abierta al mundo y transición hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación).

Asimismo, la promoción y el fomento de la excelencia y el fortalecimiento de las instituciones de investigación científica constituye uno de los ejes centrales de la actuación y definición de la política científica del Ministerio de Ciencia e Innovación.

A finales de 2015 el Gobierno aprobó la creación de la Agencia Estatal de Investigación con el objetivo de dotar al sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación de una gestión más flexible, ágil y autónoma. Este organismo, responsable de la financiación, evaluación y asignación de fondos para la I+D, actúa en coordinación con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el otro gran agente financiador de la I+D+i, en su caso destinado especialmente al mundo empresarial. Ambos organismos son grandes impulsores de proyectos de cooperación e investigación transnacionales y bilaterales.

A lo largo del ejercicio 2020, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha establecido medidas extraordinarias en el ámbito laboral de apoyo a la investigación sobre la COVID-19, así como medidas en el ámbito presupuestario, lanzando diversas líneas de subvenciones y créditos extraordinarios en el presupuesto destinados a proyectos de I+D frente a la COVID-19. Asimismo, a finales del ejercicio 2020, el Ministerio de Ciencia e Innovación presentó las líneas generales de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y que incluyen una gran inversión directa en I+D+i. En concreto, el presupuesto aumenta en un 59,4% con respecto al ejercicio 2020, hasta alcanzar los 3.232 millones de euros.