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8. Normativa sobre las inversiones exteriores y control de cambios

8.5 Medidas excepcionales como respuesta a la COVID-19

Fruto de la aparición en el ámbito internacional del coronavirus (COVID-19) y de los efectos extraordinarios en todos los aspectos que ha acarreado, el Gobierno español ha aprobado una serie de medidas que pretenden dar una respuesta a la pandemia.

Entre las diferentes medidas adoptadas, destaca en este ámbito las medidas de control de la inversión extranjera establecidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19.

En este sentido, se suspende el régimen de desregulación de la inversión extranjera directa en España (es decir, las inversiones realizadas por residentes de países no pertenecientes a la Unión Europea y a la Asociación Europea de Libre Comercio en las que el inversor llega a tener una participación igual o superior al 10% de la cuota capital de la sociedad española, o cuando, como consecuencia del acto societario, acto o transacción legal, participen efectivamente en la gestión o control de dicha sociedad), si:

  • La inversión se realiza en determinados sectores que afectan al orden público, la seguridad pública y la salud pública; o
  • Si el inversor extranjero está controlado directa o indirectamente por el gobierno, incluidos los organismos públicos o las fuerzas armadas, de un tercer país; si ha realizado inversiones o participado en actividades en sectores que afectan a la seguridad, el orden público y la salud pública en otro Estado miembro; o si se ha iniciado un procedimiento administrativo o judicial contra el inversor extranjero en otro Estado miembro o en el Estado de origen o en un tercer Estado debido a la realización de actividades delictivas o ilegales.

Para llevar a cabo estas inversiones se debe obtener una autorización en los términos previstos en la legislación aplicable (Ley 19/2003, de 4 de julio de 2003).

Por otro lado, el Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19, vino a modificar el citado régimen establecido por el Real Decreto-Ley 8/2020 en dos sentidos:

  • Por un lado, se aclara que la suspensión del régimen de liberalización de las inversiones extranjeras directas se aplica a las inversiones que realicen los residentes fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio o los residentes de países de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio cuyos beneficiarios efectivos sean residentes de países fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio. Se considerará que existe tal beneficiario efectivo cuando éste último posea o controle en última instancia, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto del inversor, o cuando por otros medios ejerza un control directo o indirecto sobre el inversor.
  • Por otra parte, se permite un proceso de autorización simplificado para las inversiones extranjeras respecto de las cuales: (i) se demuestre que existe un acuerdo entre las partes o una oferta vinculante en la que el precio, fijo o determinable, se haya establecido antes del 18 de marzo de 2020 o (ii) su cuantía sea igual o superior a 1 millón de euros e inferior a 5 millones de euros.

Provisionalmente y hasta que se establezca el importe mínimo por vía reglamentaria, se considerarán exentas de la obligación de autorización previa las operaciones de inversión cuyo importe sea inferior a 1 millón de euros.